Tucumán aprobó la adecuación al Régimen Penal Juvenil y se convierte en la primera provincia en implementar la normativa nacional

En una sesión especial ordinaria, la Legislatura de Tucumán sancionó el proyecto de ley que adecua la normativa provincial a la Ley Nacional N° 27.801 y crea el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil de Tucumán. La aprobación se obtuvo mediante una votación nominal que arrojó 44 votos afirmativos y un voto en contra, convirtiendo a Tucumán en la primera provincia del país en adecuar su marco legal al nuevo régimen nacional.

La nueva normativa adapta el marco provincial a la Ley Nacional 27.801, que establece un régimen específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos. La ley establece cómo deberán ejecutarse, supervisarse y controlarse las medidas y penas que disponga la Justicia cuando su cumplimiento quede a cargo de organismos provinciales. También incorpora un enfoque socioeducativo orientado a la integración social de los adolescentes y a la reducción de la reincidencia.

Entre las principales herramientas previstas por la ley se encuentra la creación del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial.

Los supervisores tendrán a su cargo el seguimiento individual de los adolescentes, el control del cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia y la articulación con los organismos e instituciones que intervengan en sus procesos de reintegración social.

La normativa también dispone que las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años. Para ese fin, crea el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, que estará destinado a la ejecución de penas y de determinadas medidas previstas por el nuevo régimen.

El sistema fija entre sus objetivos la responsabilización de los adolescentes frente al delito, su integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas y de la comunidad.

El proyecto fue analizado en la Comisión de Legislación General de la Legislatura, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse.

Durante el tratamiento se realizaron reuniones y mesas de trabajo con representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados especializados en las distintas áreas involucradas.

Vargas Aignasse destacó el trabajo realizado para adecuar la estructura provincial al nuevo régimen nacional y sostuvo que el objetivo no debe limitarse a la aplicación de una pena. “Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, afirmó.

El legislador explicó que Tucumán ya dispone de dispositivos que dependen de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, aunque deberán ser adaptados a las nuevas edades y condiciones previstas por la normativa.

El legislador Mario Leito remarcó que la aprobación de la ley nacional constituye un primer paso y que las provincias deben establecer las herramientas necesarias para su aplicación efectiva. “Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma”, señaló.

Durante el debate provincial se analizaron las modificaciones administrativas y procesales necesarias para implementar el nuevo régimen, además de la dependencia institucional que tendría el cuerpo encargado de supervisar a los adolescentes.

Por su parte, Agustín Romano Norri señaló que la iniciativa surgió de la unificación de cinco proyectos y destacó la necesidad de que el nuevo sistema incorpore herramientas destinadas a la reinserción social y laboral de los adolescentes.

Con la sanción de esta ley, Tucumán completa la primera adecuación provincial al nuevo esquema nacional y establece las estructuras específicas que deberán intervenir en la ejecución y supervisión de las medidas y penas aplicadas a adolescentes.