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07/04/2026

Denuncia penal por presunta estafa millonaria contra la Caja Popular: el caso Arregui y un juicio laboral bajo sospecha

El futbolista, ex jugador de San Martín de Tucumán, inició una demanda por lesión contra la ART de la Caja Popular

La entidad denunció una posible maniobra fraudulenta con un perjuicio millonario para el Estado.

La Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán presentó una denuncia penal por presuntas maniobras ilícitas vinculadas a un juicio laboral que podría generar un importante perjuicio económico al Estado provincial.

Según consta en la denuncia, a la que accedió nuestro medio, el caso tiene como punto de partida una demanda iniciada por el futbolista Adrián Arregui, ex jugador de San Martín de Tucumán, quien reclamó una indemnización por una supuesta lesión laboral contra la ART vinculada a la Caja Popular.

A partir de ese reclamo judicial, que se tramita en la provincia de Buenos Aires, la entidad financiera sostiene que se habría montado una estructura destinada a obtener un beneficio económico indebido.

En ese marco, la denuncia apunta no solo contra el jugador, sino también contra otros posibles involucrados, entre ellos profesionales médicos y abogados, por la presunta comisión de delitos como asociación ilícita y estafa procesal.

De acuerdo al escrito judicial, se habrían utilizado certificados médicos y pericias que están siendo analizadas por la Justicia por su posible falsedad o inconsistencia, con el objetivo de sostener el reclamo indemnizatorio.

La presentación también señala que Arregui continuó desarrollando su carrera profesional en distintos clubes, tanto en el país como en el exterior, lo que —según la denuncia— podría contradecir el grado de incapacidad alegado en el expediente.

El monto en discusión es significativo: la Caja Popular advierte que el juicio podría derivar en un pago de entre 450 y 1.200 millones de pesos, lo que impactaría directamente en las finanzas del Estado provincial.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron medidas urgentes, entre ellas la suspensión del proceso judicial en curso, y la intervención de la Fiscalía para investigar a todos los implicados y determinar responsabilidades penales.