A 13 años de su creación, la Corte habilitó el Juzgado Federal N° 3 en Tucumán

La habilitación del Juzgado Federal de Primera Instancia n° 3 de San Miguel de Tucumán marca un hito en la postergada reorganización del mapa judicial de la provincia. A través de la Acordada 6/2026, firmada este 31 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso finalmente la puesta en marcha de una estructura que fue creada por ley hace 13 años. El tribunal quedará bajo la titularidad del doctor José Manuel Díaz Vélez, quien fuera designado como magistrado titular mediante el decreto n° 615 en el año 2022, tras un extenso proceso de selección.

La decisión del máximo tribunal se fundamenta en un informe exhaustivo de la Administración General del Poder Judicial, que el pasado 13 de marzo ratificó la existencia de las partidas presupuestarias y las condiciones edilicias necesarias. Según el documento, las tareas de instalación de los puestos de trabajo en la sede tucumana concluyeron el 20 de marzo, lo que permitió a los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dar el paso definitivo para la operatividad del órgano. Con la creación de los cargos de la dotación aprobada en la misma jornada, el juzgado está técnicamente listo para recibir sus primeras causas. El juzgado ocupará un remozado edificio ubicado en calle 9 de Julio 142.

La llegada de Díaz Vélez al despacho principal del Juzgado n° 3 ocurre tras una larga trayectoria en el fuero federal local, donde se desempeñó durante años como secretario penal de la Fiscalía Federal n° 1, bajo la tutela del ex fiscal Carlos Brito. Su nombramiento por decreto en septiembre de 2022 fue el preludio de una espera de casi cuatro años para la efectiva habilitación del juzgado. Durante todo ese tiempo, Díaz Vélez subrogó el juzgado federal N° 2, cuyo titular, Fernando Poviña, pasó a la Cámara de Apelaciones, y el N° 1 luego de que Daniel Bejas fuera designado en la Cámara Nacional Electoral.

La Corte ha encomendado a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán la tarea de tomar el juramento de ley al nuevo magistrado. Para facilitar la transición y la organización interna de la nueva oficina, se ha declarado un feriado judicial de siete días hábiles exclusivamente para este tribunal. Esta medida busca que el personal, cuya estructura fue formalizada en la resolución de esta semana, pueda iniciar sus tareas sin el apremio del vencimiento de plazos procesales inmediatos.

Sin embargo, la apertura del Juzgado n° 3 es apenas un alivio parcial para un fuero que atraviesa una crisis de vacantes sin precedentes en la región. Mientras Díaz Vélez asume sus funciones, los otros dos juzgados de la capital tucumana presentan un panorama de precariedad institucional. El Juzgado Federal n° 1, con competencia electoral, y el Juzgado n° 2 han estado sujetos a subrogancias prolongadas y concursos que, pese a los esfuerzos del Consejo de la Magistratura, suelen estancarse en las etapas de entrevistas o en el envío de ternas al Poder Ejecutivo. Ahora Díaz Vélez deja vacante el 1, y el 2 es subrogado por el catamarqueño Guillermo Díaz Martínez.

A nivel nacional y regional, la situación es crítica: datos recientes del Poder Judicial de la Nación indican que existen más de 300 cargos vacantes en tribunales habilitados en todo el país. En el caso específico de Tucumán, la mora en la cobertura de cargos no solo afecta a la primera instancia, sino también al Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que ha operado con integraciones provisorias debido a vacantes que datan de gestiones presidenciales anteriores y que aún aguardan definiciones en el Senado.

Esta carencia de jueces titulares ha generado un efecto dominó de subrogancias cruzadas, donde los pocos magistrados en funciones deben repartir su tiempo entre sus propios despachos y los juzgados vacantes, incluso de otras provincias vecinas como Santiago del Estero o Catamarca. La habilitación del nuevo juzgado tucumano pretende, en teoría, descomprimir la asfixiante carga de expedientes por narcotráfico, contrabando y delitos complejos que saturan el sistema.

Para la Corte Suprema, la puesta en funcionamiento de este tribunal constituía una "prioridad insoslayable" para asegurar la correcta prestación del servicio de justicia en el NOA. La Acordada 6/2026 invoca facultades constitucionales propias del Tribunal para sortear las trabas administrativas que demoraron esta apertura, citando antecedentes como el fallo "Uriarte" para legitimar la celeridad del proceso de habilitación en un contexto de emergencia judicial encubierta.

El impacto de esta nueva estructura se sentirá de inmediato en el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación, organismos que ya han sido notificados para que adecuen sus respectivas dotaciones de fiscales y defensores al nuevo esquema de tres juzgados federales en la provincia. Por ejemplo, el titular de la Fiscalía Federal N° 3, Agustín Chit, se encuentra subrogando actualmente la N° 2. La distribución de causas y la asignación de turnos deberán ser reorganizadas por la Cámara Federal local para integrar plenamente al despacho de Díaz Vélez. (Fuente: La Gaceta)