Para el fiscal Gerardo Pollicita, no hay elementos suficientes para sostener que Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la causa contra Manuel Adorni deje de tramitar como un presunto caso de enriquecimiento ilícito y sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria. El dictamen concluyó que no pudo descartarse que el capital cuestionado hubiera sido obtenido antes de la llegada del funcionario al Poder Ejecutivo.

La decisión no implica un sobreseimiento. La Fiscalía sostuvo que, si bien la prueba reunida no permite mantener la hipótesis de que Adorni se enriqueció de forma injustificada durante su función pública, persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años.

El planteo fue formulado en un expediente iniciado por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y ahora deberá ser analizado por el juez de la causa, Ariel Lijo. La investigación examinó el patrimonio del entonces funcionario durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

El dictamen descarta sostener la acusación por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía había detectado erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD374.081,66 fueron abonados en efectivo, además de una diferencia de $43.068.549 entre ingresos lícitos comprobados y gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos durante el período bajo análisis.

Entre los desembolsos relevados figuraban pagos por la compra de un lote en el Country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Según el dictamen, una parte de esas operaciones se efectuó fuera del sistema bancario o mediante terceros.

Adorni respondió a la intimación patrimonial con una explicación centrada en una inversión previa en Bitcoin. Su defensa afirmó que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, que las compras alcanzaron cerca de USD 200.000 y que la liquidación de esos activos produjo USD 591.544,61, conservados luego en efectivo.

Pollicita consideró que ese descargo no pudo ser refutado con los elementos disponibles. La clave jurídica es que la figura de enriquecimiento ilícito exige que el incremento apreciable e injustificado se produzca después de la asunción de un cargo público. En este caso, la hipótesis presentada por la defensa ubica el origen de los fondos varios años antes de diciembre de 2023.

El fiscal remarcó además que la investigación no logró vincular el dinero cuestionado con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”.