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Política

01/10/2026

Tensión por Malvinas: Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres

El Gobierno británico convocó en Londres a la embajadora argentina, Mariana Plaza, en el marco de un nuevo pico de tensión diplomática por las Islas Malvinas

La citación se produjo luego de que la administración de Javier Milei iniciara un arbitraje internacional para frenar los proyectos de explotación de hidrocarburos en las inmediaciones del archipiélago.

La medida fue confirmada por la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar británica, Uma Kumaran, quien cuestionó la ofensiva legal argentina y afirmó que la iniciativa constituye un intento de socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes de las islas.

A través de un comunicado, Kumaran defendió la exploración y explotación de recursos en la zona al señalar que la actividad hidrocarburífera está regulada bajo la ley de las Islas Malvinas y que se desarrolla en el marco del derecho internacional, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El detonante del reclamo fue la decisión del presidente Javier Milei de recurrir a un arbitraje internacional por la explotación petrolera en la zona en disputa. Desde el Ejecutivo argentino advirtieron que, si el Reino Unido no responde al requerimiento en un plazo de dos semanas, el país solicitará ante un tribunal internacional la aplicación de medidas provisionales para proteger sus derechos soberanos.

Milei enfatizó que las acciones buscan detener el saqueo ilegal de los recursos argentinos en el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde 1833.

En paralelo a la acción internacional, la Cancillería argentina intensificó la estrategia legal contra los actores privados involucrados. Hasta el momento, el Palacio San Martín envió cerca de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países e inició unos 60 procedimientos administrativos vinculados a la actividad en el Atlántico Sur.

Además, el Gobierno radicó al menos tres denuncias penales ante tribunales locales contra diez compañías petroleras de capitales británicos, israelíes y canadienses, así como contra sus directivos.