Seguinos en las redes:

Viernes 18/09/2026
X
RADIO EN VIVO
Política

17/09/2026

La Armada denunció una maniobra con pagos irregulares por casi $ 1.000 millones y apunta a 23 personas

Una investigación interna detectó 645 acreditaciones indebidas entre 2022 y 2026. La causa ya está en la Justicia Federal y tiene como principal acusado a un capitán de Navío contador

La Armada Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Federal tras detectar una presunta maniobra de pagos irregulares de haberes que habría generado acreditaciones indebidas por $ 981.148.567,88.

Según la investigación administrativa realizada por la propia fuerza, se identificaron 645 operaciones irregulares efectuadas entre julio de 2022 y enero de 2026, con 23 beneficiarios bajo investigación.

El caso surgió en febrero de 2026 durante una revisión de los haberes correspondientes a enero. En ese control, cinco agentes cobraron suplementos que no les correspondían. Tras la devolución de esos fondos, la Armada amplió la auditoría y descubrió inconsistencias de mayor alcance.

La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 y fue impulsada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio.

Cómo funcionaba la maniobra investigada

De acuerdo con la denuncia, las modificaciones se realizaban en una etapa clave del proceso de pago. Los investigadores sostienen que, una vez efectuados los controles habituales sobre la liquidación de haberes, determinados registros eran alterados antes de enviar el archivo definitivo al Banco Nación.

Esa intervención permitía incrementar montos o incorporar pagos sin respaldo en haberes legítimamente liquidados. Luego, siempre según la investigación administrativa, los registros eran restituidos a sus valores originales para que las diferencias no quedaran reflejadas en los recibos publicados en el sistema interno.

La auditoría detectó pagos que no figuraban en las liquidaciones, diferencias entre recibos y acreditaciones bancarias, así como transferencias a personas cuya relación con la fuerza no pudo acreditarse inicialmente.

Cuatro personas concentraron más de $ 434 millones

Entre los 23 beneficiarios identificados figuran militares en actividad y retiro, personal civil, jubilados y cuatro personas sin vínculo laboral o funcional con la Armada.

Estas cuatro personas habrían recibido en conjunto $ 434.200.718,04, equivalente al 44,25% del total de las acreditaciones observadas. Según la denuncia, una mujer de apellido Prieto recibió 46 acreditaciones por más de $ 152 millones.

La investigación indica que Prieto es esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, señalado como el principal acusado de haber organizado la maniobra.

El expediente sostiene que el oficial reconoció conocer las acreditaciones realizadas a personas ajenas a la fuerza y afirmó que esos pagos se cargaban manualmente.

Según consta en la denuncia, también habría manifestado que la finalidad era “favorecer económicamente a dichas personas” y que él definía beneficiarios y montos. La Justicia deberá determinar el alcance penal de esas declaraciones y la eventual participación de otros involucrados.

Cambios en los controles y avance judicial

Tras detectar las irregularidades, la Armada creó una comisión integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos. También resguardó equipos informáticos y revisó la documentación vinculada a los pagos

La fuerza informó que modificó el circuito de acreditaciones, separó funciones entre distintas áreas y trasladó parte de las tareas al Departamento Tesorería para fortalecer los controles.

Hasta el momento, algunos acusados reintegraron $ 42.574.267,63. Sin embargo, según la presentación judicial, todavía permanecen pendientes de recuperación más de $ 938 millones.

El Ministerio de Defensa respaldó la denuncia y sostuvo que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a irregularidades en la administración de recursos públicos. Ahora será la Justicia la encargada de determinar la dimensión final del perjuicio económico, el destino de los fondos y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.