25/08/2026
La iniciativa busca impedir el uso ilegal de celulares dentro de las cárceles y evitar que las personas privadas de la libertad puedan coordinar maniobras ilícitas desde los establecimientos de detención
El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, oficializó este martes la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en Establecimientos Penitenciarios. La iniciativa busca impedir el uso ilegal de celulares dentro de las cárceles y evitar que las personas privadas de la libertad puedan coordinar maniobras ilícitas desde los establecimientos de detención.
La medida fue confirmada mediante la Resolución 806/2026, publicada en el Boletín Oficial. El sistema permitirá identificar los dispositivos que sean activos dentro de las zonas restringidas y solicitar su bloqueo a las empresas de telefonía móvil.
De este modo, la medida, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, amplía una estrategia que hasta ahora estaba enfocada principalmente en el Servicio Penitenciario Federal.
En esa línea, uno de los principales puntos del programa es que el bloqueo alcanzará al IMEI, que identifica de manera única al teléfono, al IMSI, asociado a la tarjeta SIM, y a la línea telefónica vinculada. De esta manera, el mecanismo busca evitar que un dispositivo pueda continuar funcionando simplemente mediante el cambio de tarjeta SIM.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán incorporarse al sistema mediante un convenio de adhesión. La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de implementar el programa en las jurisdicciones que soliciten incorporarse, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como ventanilla única para canalizar los pedidos ante las empresas prestadoras.
El procedimiento establece que los organismos penitenciarios provinciales deberán identificar los celulares detectados en las zonas restringidas y enviar la información al sistema federal.
A partir de allí, el Ministerio remitirá formalmente las solicitudes a las compañías telefónicas, que tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo.
El protocolo también establece mecanismos de monitoreo y control. Los servicios penitenciarios deberán supervisar de manera remota los equipos de detección y comunicar cualquier incidente, mientras que se realizarán auditorías periódicas para verificar el cumplimiento del sistema. Además, los datos relacionados con los bloqueos de IMEI e IMSI deberán ser tratados bajo estrictas normas de confidencialidad.
Por último, cada jurisdicción que adhiera al programa deberá cargar diariamente los identificadores detectados en un servidor habilitado por el Ministerio de Seguridad Nacional, mediante archivos en formato CSV organizados por empresa operadora.
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