19/08/2026
Una investigación de la fiscalía de La Plata derivó en la detención de una funcionaria que cumplía tareas en una oficina de enlace vinculada al Patronato de Liberados, acusada de integrar una presunta organización dedicada al lavado de dinero mediante la utilización de identidades de personas vulnerables.
La causa, encabezada por la fiscal Betina Lacki, analiza una operatoria que habría movilizado alrededor de $27.000 millones a través de billeteras virtuales, cuentas bancarias y plataformas financieras digitales.
Según la hipótesis judicial, el dinero tendría origen en actividades vinculadas al juego clandestino y era canalizado mediante una red de "mulas financieras" creadas con datos personales y biométricos obtenidos de terceros.
Cómo funcionaba la maniobra
Los investigadores sostienen que la organización captaba personas en situación de vulnerabilidad económica, entre ellas ex presos bajo seguimiento institucional, a quienes se les ofrecían sumas de dinero a cambio de facilitar datos personales, fotografías y registros biométricos.
Con esa información, presuntamente se abrían cuentas en distintas billeteras virtuales y plataformas de pagos.
De acuerdo con la acusación, esas cuentas eran utilizadas para recibir fondos, fragmentarlos en numerosas operaciones y reenviarlos a diferentes destinatarios, una metodología conocida en investigaciones financieras como "pitufeo" o "smurfing"
El objetivo de esta práctica consiste en dificultar la trazabilidad del dinero y evitar que los sistemas de control detecten movimientos inusuales.
La conexión con Sur Finanzas
Uno de los nombres que aparece en la investigación es el de Ignacio Leonel Marchioni, quien también figura en otra causa judicial vinculada a Sur Finanzas, la firma que tuvo relación comercial con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según la documentación incorporada al expediente, Marchioni ya se encontraba bajo investigación en otra causa por movimientos financieros considerados incompatibles con su situación fiscal declarada.
La fiscalía analiza si su rol consistía en participar de la etapa final del circuito financiero, vinculada a la transformación y redistribución de fondos.
Los investigadores buscan determinar si ambas causas están conectadas o si se trata de estructuras independientes que compartían operadores financieros.
Acusados y situación procesal
Además de la funcionaria detenida, la fiscal imputó a otras personas por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos.
La acusación sostiene que existía una estructura organizada con distintos niveles de participación: desde la captación de personas utilizadas como titulares de cuentas hasta operadores especializados en el movimiento y dispersión de fondos.
El expediente se encuentra bajo análisis del Juzgado de Garantías correspondiente, que deberá resolver las medidas procesales solicitadas por la fiscalía.
Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni medidas judiciales a medida que avance el análisis de documentación bancaria, dispositivos electrónicos y movimientos financieros.
La respuesta del Gobierno bonaerense
Tras conocerse la detención, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires señaló que la acusada no mantenía relación laboral con el Ministerio de Justicia bonaerense y sostuvo que se desempeñaba como empleada del Poder Judicial.
Según la explicación oficial, la mujer trabajaba en una dependencia vinculada a la fiscalía general y tenía acceso a información de personas condenadas por funciones relacionadas con una oficina de seguimiento y supervisión.
Mientras tanto, la Justicia intenta determinar el alcance real de la operatoria, identificar a los beneficiarios finales de los fondos y establecer si existían vínculos con otras estructuras investigadas por presunto lavado de activos y juego ilegal.
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