25/06/2026
El oficialismo reunió los votos con el respaldo de bloques dialoguistas y gobernadores para avanzar con dos de sus principales proyectos económicos
La Libertad Avanza dejó atrás este miércoles la discusión por los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y concentró sus esfuerzos en la agenda legislativa del Gobierno nacional.
Con el respaldo de aliados y sectores dialoguistas, el oficialismo consiguió abrir la sesión en Diputados y aprobó el acuerdo con los bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda tras el default de 2001, además de dar media sanción al denominado super-RIGI y una serie de tratados internacionales.
Pese a contar con bloques cercanos, el oficialismo enfrentó dificultades para alcanzar los 129 diputados necesarios para el quórum. Uno de los que colaboró para habilitar el inicio de la sesión fue el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier.
Minutos después de iniciada la jornada parlamentaria, la Cámara trató la renuncia de Ravier a su banca por La Pampa y tomó juramento a su reemplazante, Martín Matzkin, dirigente identificado con el sector de Patricia Bullrich y sobrino del exdiputado peronista Jorge “Toto” Matzkin. La ministra de Seguridad siguió la sesión desde uno de los palcos del recinto.
La Libertad Avanza volvió a contar con el acompañamiento del PRO que conduce Cristian Ritondo, la UCR referenciada en Pamela Verasay y el MID de Oscar Zago. Los tres espacios habían sido determinantes el día anterior para impedir que prosperara la ofensiva opositora para interpelar a Adorni.
También aportaron al quórum y a las votaciones legisladores vinculados a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).
Los mandatarios Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, colaboraron de manera parcial a través de integrantes de Innovación Federal. A ese esquema de apoyos se sumó además Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.
La polémica por el super-RIGI
Uno de los proyectos centrales de la jornada fue la aprobación del super-RIGI, un régimen orientado a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente no tienen desarrollo en el país. El piso mínimo de inversión previsto es de US$1.000 millones. El proyecto fue aprobado con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.
Desde Córdoba, los diputados alineados con el gobernador Martín Llaryora rechazaron la iniciativa. Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo sostuvieron que el esquema “sólo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas que siguen soportando impuestos injustos”.
Desde Córdoba, los diputados alineados con el gobernador Martín Llaryora rechazaron la iniciativa. Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo sostuvieron que el esquema “sólo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas que siguen soportando impuestos injustos”.
Los legisladores cordobeses argumentaron además que las retenciones terminarán financiando la reducción de impuestos para las empresas alcanzadas por el nuevo régimen y reclamaron una nueva ley de biocombustibles junto con la prórroga de los incentivos para el uso de autopartes nacionales.
Desde el oficialismo, la diputada Mercedes Llano defendió la iniciativa y aseguró que representa “una clara señal para el mundo”. Según explicó, el régimen “crea un sistema de incentivos y seguridad jurídica orientado a estimular grandes inversiones en industrias del futuro hoy inexistentes en el país, como la inteligencia artificial y la biotecnología avanzada, que generen empresas y multipliquen el empleo en el largo plazo”.
Críticas de la oposición
El radical Pablo Juliano cuestionó a los sectores que acompañaron al Gobierno y sostuvo que “los mismos bloques de siempre blindan a Adorni en el Congreso”, al tiempo que criticó la aprobación de una norma que, según afirmó, “tiene nombre y apellido: Peter Thiel, el magnate que vino a llevarse su tajada del experimento libertario”.
Desde la izquierda, Néstor Pitrola votó en contra y aseguró que “el RIGI no funcionó”. “Solamente ingresaron 720 millones de dólares, Argentina fue última en el registro de Inversión Extranjera Directa (IED), y ahora quieren darles más concesiones a las empresas”, afirmó.
En sentido contrario, el radical Lisandro Nieri destacó los resultados obtenidos hasta el momento por el régimen. “Hoy hay 16 proyectos aprobados y hay 25 proyectos adicionales en evaluación. Los que ya están aprobados son del orden de los 30.000 millones de dólares, con aproximadamente 50.000 puestos de empleo que se crean de forma directa o indirecta. Y los 25 proyectos pendientes por 111.000 millones de dólares”, señaló.
Luz verde al acuerdo con los holdouts
La Cámara de Diputados también sancionó el acuerdo con los acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default de 2001 y que mantenían litigios en los tribunales de Estados Unidos.
La iniciativa fue aprobada con 138 votos afirmativos y 98 negativos. El convenio contempla el pago de US$171 millones a dos grupos acreedores: Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
Durante el debate, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que “hay que dejar de hablar en nombre de los fondos buitres”, mientras que Vanesa Siley recordó que “en el gobierno de Néstor Kirchner sucedió algo que nunca había pasado en la historia: se redujo la deuda y se la pagó”.
Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, advirtió que el proyecto no especifica “si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de rentas generales, de reasignación de partidas o de cualquier otra fuente”.
El cierre del debate estuvo a cargo de Silvana Giudici, quien responsabilizó a las administraciones kirchneristas por el conflicto judicial. “Los gobiernos kirchneristas no reconocen su culpa en este escándalo de la deuda impaga”, afirmó la diputada.
El convenio aprobado establece el pago de US$67 millones a Bainbridge Ltd. y otros US$104 millones al grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP. La operación deberá concretarse “de forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”, según establece el texto sancionado. Fuente:(TN)
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