El Ejecutivo envió a la Legislatura 12 pliegos para cubrir cargos en la Justicia: quiénes son los postulados

El Poder Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura tucumana un paquete de 12 pliegos para avanzar con la designación de jueces y vocales en distintos fueros del Poder Judicial. Los nombres fueron seleccionados tras los concursos realizados por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y ahora deberán obtener el acuerdo parlamentario para asumir en sus cargos.

El proceso administrativo previo cumplió con los pasos establecidos por la Ley N° 8197, donde el CAM, presidido por el vocal de la Corte Daniel Posse, remitió al gobernador las propuestas tras evaluar los antecedentes y exámenes de los postulantes. Es importante remarcar que estas designaciones corresponden estrictamente al ámbito de la justicia provincial y no deben confundirse con los procesos de la justicia federal, que tramitan por carriles institucionales distintos. En este caso, la selección del Poder Ejecutivo recae sobre profesionales que ya han superado las instancias de control técnico y entrevistas personales, quedando ahora la decisión final en manos de los legisladores, quienes deberán brindar el acuerdo constitucional para que los elegidos puedan asumir sus funciones.

Los pliegos llevan la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Gobierno, Regino Amado. Entre los cargos propuestos para el Centro Judicial Capital figuran vocalías en cámaras de apelaciones y juzgados de primera instancia en fueros civiles, laborales, penales y de familia.

La cobertura de vacantes también alcanza a los centros judiciales del interior, donde la demanda de celeridad procesal es igualmente urgente. En Concepción, los pliegos corresponden a María Soledad Hernández para el Colegio de Jueces Penales y a María Alejandra Ganín Brodersen para el juzgado de Familia y Sucesiones de la II Nominación. Por su parte, para el Centro Judicial Monteros, el Poder Ejecutivo seleccionó a Lucas Alfredo Taboada para desempeñarse como Juez del Colegio de Jueces Penales. Estas designaciones son fundamentales para descentralizar la administración de justicia y asegurar que las comunidades del sur y del oeste provincial cuenten con la estructura humana necesaria para resolver sus conflictos legales.

Además, fueron propuestos Guillermo Matías Puig para Ejecución Penal; Ileana Raquel Melchiori para un juzgado Civil y Comercial Común; Gabriela Marta Soledad Argañaraz para Familia y Sucesiones; y Patricio Agustín Prado junto a Leandro David Abdala para el Colegio de Jueces Penales.

El arribo de estos nombres a la Cámara Legislativa representa un avance significativo en el plan de normalización de las unidades judiciales que presentaban acefalías prolongadas. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, presidida por Daniel Leiva, ha señalado en diversas oportunidades la importancia de contar con jueces titulares para garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de los plazos procesales, especialmente en el marco de la implementación de nuevas plataformas tecnológicas y sistemas de gestión de expedientes. La regularización de estos cargos permite que los magistrados subrogantes, que hoy deben atender dos o más despachos en simultáneo, puedan concentrarse en sus competencias específicas, mejorando la calidad de las sentencias y la atención al público.

Desde el Poder Judicial sostienen que la cobertura de estas vacantes resulta clave para mejorar el funcionamiento de los tribunales, reducir la sobrecarga de expedientes y fortalecer la prestación del servicio de justicia en toda la provincia.

A partir de ahora, la comisión de Peticiones y Poderes de la Legislatura deberá iniciar el cronograma de entrevistas con cada uno de los postulantes propuestos por el Gobernador. Una vez emitidos los dictámenes correspondientes, el cuerpo legislativo tratará los acuerdos en el recinto en las próximas sesiones ordinarias. De completarse el trámite sin dilaciones, el Poder Judicial provincial sumará doce nuevos integrantes en áreas críticas, lo que supone un alivio operativo indispensable para el funcionamiento del Estado de derecho y la respuesta que el sistema debe dar a la ciudadanía tucumana ante la creciente litigiosidad.