04/05/2026
Es con el objetivo de actualizar los criterios de control, tenencia y uso de las mismas y materiales afines en el país
El Gobierno nacional oficializó cambios en la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº.20.429, con el objetivo de actualizar los criterios de control, tenencia y uso en todo el país.
La medida quedó establecida a través del decreto 306/2026, publicado en el Boletín Oficial, e introduce modificaciones clave en el régimen vigente, incluyendo nuevas clasificaciones, condiciones de acceso y procedimientos administrativos.
Entre los puntos centrales, el decreto redefine el alcance del sistema regulado por el Registro Nacional de Armas (RENAR), que interviene en la adquisición, tenencia, portación, transporte e importación de armas de fuego y materiales relacionados.
Además, se establece que el acceso a armas no podrá estar sujeto a limitaciones consideradas irrazonables o desproporcionadas, en línea con principios constitucionales.
También se actualizó la categoría de armas de uso civil condicional, incorporando nuevos dispositivos y materiales que deberán ser registrados bajo condiciones específicas.
Qué armas y materiales quedan prohibidos
El decreto amplía y precisa el listado de armas y elementos de uso prohibido. Entre ellos se incluyen:
Dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas
Armas disimuladas en objetos cotidianos
Municiones perforantes, explosivas o incendiarias
Proyectiles diseñados para causar mayor daño físico
Agresivos químicos de efectos letales
Armas electrónicas con capacidad letal
Cambios en la herencia y registro de armas
Uno de los cambios más relevantes apunta a la simplificación del trámite para registrar armas heredadas.
A partir de ahora, los herederos podrán iniciar el registro ante el RENAR sin necesidad de una declaratoria judicial previa, siempre que acrediten el vínculo con la documentación correspondiente.
La medida busca agilizar los procesos administrativos y garantizar la trazabilidad del armamento dentro del sistema legal.
Con estas modificaciones, el Gobierno apunta a modernizar el régimen vigente y adaptar la normativa a nuevos criterios de control y registro en Argentina.
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