La Legislatura de Tucumán aprobó la ley de Ficha Limpia

La Legislatura de Tucumán sancionó por unanimidad la ley de Ficha Limpia, una normativa que restringe el acceso y la permanencia en cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado para aquellas personas con condenas por delitos dolosos con penas iguales o superiores a tres años. Con esta decisión, la provincia se encamina a convertirse en la novena del país en contar con una regulación de estas características.

La legisladora Carolina Vargas Aignasse, como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, fue la encargada de desglosar la complejidad del dictamen. Explicó que la ley establece un "valladar ético y moral alto" para el acceso y permanencia en cargos públicos. Detalló que el ámbito de aplicación abarca a los tres poderes, incluyendo taxativamente en el Ejecutivo hasta el rango de subdirector, entes autárquicos y la plana mayor de la Policía. En el caso de las comunas, se incorporó a los delegados y, tras un aporte del legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán), se incluyó explícitamente a los secretarios habilitados.

Según precisó la legisladora, los cambios introducidos apuntaron a garantizar la constitucionalidad de la ley. En ese sentido, subrayó que la normativa no implica sanciones penales ni vulnera derechos, y que respeta el principio de inocencia, ya que la determinación de culpabilidad corresponde a la Justicia. Además, destacó que el requisito del “doble conforme” —dos sentencias condenatorias— se ajusta a estándares internacionales.

La ley de Ficha Limpia no se limita únicamente a los cargos electivos, sino que abarca una amplia gama de designaciones dentro de la administración pública y los estamentos municipales.

En el Ejecutivo incluye desde ministros hasta directores, autoridades de entes descentralizados, responsables de sociedades con participación estatal y la cúpula de la Policía provincial. En el ámbito legislativo comprende a secretarios, prosecretarios y personal jerárquico, mientras que en el Poder Judicial afecta a miembros de la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, entre otros cargos definidos por ley. También impacta en estructuras municipales, como funcionarios del Ejecutivo local, concejos deliberantes y jueces de faltas.

Durante el debate, la legisladora Carolina Vargas Aignasse, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, detalló que el dictamen final -basado en seis proyectos distintos, incluido uno del gobernador Osvaldo Jaldo- sufrió modificaciones para resistir posibles planteos legales. Se aclaró que la norma no constituye una sanción penal adicional, sino un requisito de idoneidad que no vulnera el principio de inocencia. La exigencia del "doble conforme" (dos sentencias condenatorias coincidentes) fue la clave para alinear la ley con estándares internacionales y evitar su anulación judicial.

La normativa prevé la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia. Además, establece la obligatoriedad de presentar una declaración jurada para quienes aspiren a cargos electivos o designaciones jerárquicas, en la que deberán acreditar que no poseen condenas incompatibles con la función.

Con esta sanción, Tucumán se suma a la lista de provincias que ya cuentan con esta herramienta legal, integrada por Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba. Los parlamentarios señalaron que este es un mensaje directo a una sociedad que demanda mayor ética a sus representantes, saldando una deuda pendiente que se venía discutiendo desde finales de 2024. Ahora, se espera la promulgación y publicación oficial por parte del Poder Ejecutivo para su plena entrada en vigencia.