20/04/2026
El abogado del diputado elevó un escrito ante la Fiscalía en el cual reprocha que, en esta etapa de la pesquisa, sus derechos son “desconocidos y avasallados”
La causa por la agresión al diputado Federico Pelli sumó un nuevo capítulo de alto voltaje judicial, luego de que su abogado, Juan Colombres Garmendia, presentara un escrito ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) en el que cuestiona con dureza el rumbo de la investigación.
La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción, a cargo de Miguel Ángel Varela, en el marco de una serie de planteos que habían generado posturas contrapuestas entre la estrategia legal del dirigente liberal y el MPF.
El escrito también reprocha irregularidades en el manejo de pruebas clave. Entre ellas, la querella cuestionó que informes telefónicos y documentación médica fueron incorporados y comunicados en plena audiencia, lo que —según sostienen— colocó a la víctima en una situación de desventaja. “Concurrir a una audiencia desconociendo evidencias es grave”, señala el documento, que además advierte que los derechos de la querella están siendo “desconocidos y avasallados”.
En un segundo punto, aludió a los informes médicos aportados por la defensa, a cargo de Ernesto Baaclini, que derivaron en la morigeración de las condiciones de la prisión preventiva dictada contra Segura (pasó de la cárcel de Benjamín Paz al arresto domiciliario). Además de advertir que se le compartió la certificación médica también “en pleno desarrollo de la audiencia”, indicó que cuando accedió al legajo notó que “el informe del doctor Neme Sheij presentaba fecha del 16 de marzo de 2026”, es decir, cinco días después de la agresión. Ante “la grave anomalía observada”, añadió la querella, se requirieron precisiones sobre la fecha de presentación, aunque dijo que hasta el momento no se le brindaron estos datos. “No se puede desconocer que, el hecho de ‘privar’ (para ser delicado) del conocimiento de información de relevancia a una de las partes la sitúa en un plano de desigualdad, impidiéndose el ejercicio del derecho de contradicción, como parte integrante del derecho de defensa en juicio, lo que se encuentra menoscabado”, expresa el escrito. E insiste con que “concurrir a una audiencia desconociendo evidencias es grave, y el MPF pareciera no entenderlo”.
En el último apartado, la querella hizo foco en que, bajo la normativa vigente, cada parte “puede tener su propia teoría del caso”, a la vez que el Ministerio Público Fiscal tiene la titularidad de la acción penal pública. Pero objetó que hubo “una modificación de 180°” en la teoría expresada por la Fiscalía respecto a la primera audiencia, en la que se le formularon los cargos y se dispuso la prisión preventiva de cuatro meses contra Segura.
En paralelo, el diputado Pelli expresó su malestar con el accionar del MPF, al considerar que en un inicio acompañó la gravedad del caso, pero luego “decepcionó” al no oponerse al beneficio de la prisión domiciliaria otorgado al imputado por el juez Raúl Robín Márquez.
Ahora, resta ver qué curso sigue el escrito presentado por la querella ante el MPF. La semana pasada, por lo pronto, el dirigente libertario sumó una nueva resolución adversa, tras un escrito elevado ante el juez para cuestionar la decisión del arresto domiciliario. Robín Márquez, al tras analizar la procedencia del recurso, decidió denegar “por formalmente inadmisible y manifiestamente improcedente” el planteo en cuestión, advirtiendo que este tipo de medidas deben ser revisadas en audiencias orales.
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