17/04/2026
La Procuración del Tesoro solicitó una acción ante la Cámara de Apelaciones y luego pasará a la Corte Suprema nacional
En horas de la madrugada, la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida apunta a revertir la sentencia que confirmó una cautelar que ordena la aplicación de esos artículos y deja sin efecto disposiciones del Decreto N° 759/2025. En ese marco, la administración libertaria solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo para evitar comenzar con los pagos, aunque el plazo ya venció y la obligación de transferir fondos se encuentra vigente. El plazo límite era hasta las 9.30 horas del día de la fecha, por lo que ya se encuentra en vigor la obligatoriedad de las transferencias.
Dado que este caso se elevará posteriormente a la Corte, el Poder Ejecutivo le solicitó a los tres magistrados que la componen que se excusen en el caso y llamen a tres conjueces porque todos ellos son docentes universitarios.
En el Gobierno nacional que la intervención del máximo tribunal es necesaria por tratarse de una cuestión federal y advirtieron que la cautelar genera un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, al implicar gastos sin financiamiento específico, lo que -sostienen- podría afectar el equilibrio fiscal, consignó Infobae.
Si bien la norma fue ratificada dos veces en el Congreso (tanto por la sanción como por el posterior volteo del veto que realizó el presidente Javier Milei), en el Gobierno marcan que “el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”.
En esa línea, sostienen que la ley no establece partidas específicas y cuestionan al Poder Judicial por avanzar sobre atribuciones vinculadas a la asignación presupuestaria, en lo que consideran una intromisión en competencias del Ejecutivo y del Legislativo.
El Poder Ejecutivo Nacional argumentó que la intervención de la Corte resulta necesaria por la existencia de una cuestión federal y que la medida cautelar concedida resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues provoca un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.
Fuentes oficiales señalaron que el escenario más probable es que el máximo tribunal no intervenga de manera inmediata, lo que obligaría a la Nación a cumplir con la transferencia en los próximos días, mientras continúa el debate interno sobre cómo instrumentar el pago.
Fuentes oficiales señalaron que el escenario más probable es que el máximo tribunal no intervenga de manera inmediata, lo que obligaría a la Nación a cumplir con la transferencia en los próximos días, mientras continúa el debate interno sobre cómo instrumentar el pago.
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