25/03/2026
Según argumentan, el procedimiento elegido por las autoridades legislativas vulnera normas nacionales e internacionales en materia de participación ciudadana y protección ambiental
Un grupo de diputados nacionales presentó una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para debatir posibles modificaciones a la Ley de Glaciares. Según argumentan, el procedimiento elegido por las autoridades legislativas vulnera normas nacionales e internacionales en materia de participación ciudadana y protección ambiental.
La presentación fue encabezada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y acompañada por legisladores de distintos bloques. Sostienen que la audiencia es inválida por “graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo”, lo que –a su entender– restringe de manera ilegítima la intervención de la ciudadanía e incumple el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (25.675) y el Acuerdo de Escazú (27.566).
Entre los cuestionamientos centrales se señala que el esquema dispuesto limita severamente la intervención oral directa, introduce criterios discrecionales para seleccionar quiénes pueden participar y deja afuera a buena parte de las personas que se inscribieron para exponer. Además, los diputados remarcan que las reglas de juego se alteraron una vez iniciado el proceso de inscripción, modificando las condiciones de participación sin la debida transparencia.
Críticas por falta de transparencia y participación real
Ferraro advirtió que el mecanismo implementado “excluye a la gran mayoría de las personas inscriptas” y, al mismo tiempo, reduce la audiencia a una instancia meramente formal. En la misma línea, la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) denunció que se “cercenó la participación de manera arbitraria, sin transparentar el proceso de selección de los participantes”, lo que, afirma, contradice el espíritu de las audiencias públicas como herramienta democrática.
Los legisladores sostienen que miles de ciudadanos que pretendían expresarse oralmente fueron obligados a reformular sus intervenciones para limitar su participación, reduciéndola a presentaciones escritas o modalidades que, según apuntan, vacían de contenido el derecho a manifestarse “a viva voz”. También cuestionan que se haya apelado a un fallo judicial de la Ciudad de Buenos Aires para acotar la participación de habitantes de otras provincias, lo que –alertan– impide un debate verdaderamente federal sobre un tema ambiental de alcance nacional.
Falta de transparencia en la selección de oradores.
Limitaciones a la intervención oral directa de los inscriptos.
Modificación de reglas una vez iniciado el proceso de audiencia.
Restricciones que afectarían la participación de ciudadanos de todo el país.
En su escrito, los diputados remarcan que el formato actual de la audiencia vulnera estándares básicos de participación pública, como la igualdad en el acceso a la palabra, la publicidad de los criterios de selección de oradores y la obligación de garantizar instancias sustantivas de debate previo a la toma de decisiones legislativas. Por eso, solicitaron la invalidez de la audiencia, la nulidad de los actos ya realizados y la convocatoria a una nueva instancia que asegure condiciones abiertas, inclusivas y federales.
Finalmente, dejaron planteada la posibilidad de acudir a la Justicia en caso de que no se corrijan las irregularidades denunciadas. A la iniciativa se sumaron, además de Ferraro y Selva, los diputados María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías, entre otros, consolidando un frente amplio de críticas al procedimiento adoptado para discutir el futuro de la Ley de Glaciares.
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