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Política

22/03/2026

Glaciares: el Gobierno acelera la aprobación y crece la polémica en Diputados

El oficialismo apunta a sancionar la reforma en abril, mientras organizaciones ambientalistas y sectores opositores cuestionan el alcance de la norma

La Cámara de Diputados retomará esta semana el debate por la modificación de la Ley de Glaciares, en un clima de tensión política y social. El oficialismo busca llevar el proyecto al recinto en la primera quincena de abril, luego de que el Senado le diera media sanción el pasado 26 de febrero.

Las audiencias públicas se realizarán el 25 y 26 de marzo, con más de 100.000 inscriptos. El esquema prevé exposiciones virtuales de hasta cinco minutos y presentaciones escritas de diez páginas, lo que generó críticas de organizaciones ambientalistas que reclamaban mayor apertura. La Justicia avaló el mecanismo, y desde el oficialismo defendieron la modalidad como “razonable y transparente”.

Finalizadas las audiencias, se convocará a un plenario de comisiones entre el 7 y el 8 de abril para firmar dictamen y avanzar hacia una sesión prevista para el día 15. La Libertad Avanza trabaja en acuerdos con bloques aliados como el PRO y la UCR, además de legisladores de provincias cordilleranas que respaldan la iniciativa. Sin embargo, persisten diferencias internas: la diputada jujeña María Inés Zigarán ya anticipó su voto en contra.

La reforma plantea un cambio sustancial respecto al régimen vigente desde 2010, que protege de manera integral los glaciares y el ambiente periglacial. El nuevo esquema otorgaría mayor autonomía a las provincias para definir qué áreas preservar y en cuáles habilitar actividades productivas, incluyendo minería y exploración hidrocarburífera. El Gobierno sostiene que la medida permitirá compatibilizar desarrollo económico con protección ambiental, mientras que los críticos advierten sobre un retroceso en el resguardo de recursos hídricos estratégicos.

El debate promete intensificarse en las próximas semanas, con un oficialismo decidido a reunir los votos necesarios para sancionar la ley y una oposición que denuncia riesgos ambientales y falta de participación real en el proceso.