El Gobierno intervino el puerto de Ushuaia: el gobernador Melella denunció “un acto irresponsable”

El Gobierno nacional dispuso la intervención del puerto de Ushuaia durante un periodo de 12 meses, tras detectar “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones de la ciudad fueguina.

Según indicaron, la medida es de carácter transitorio y se mantendrá hasta que las autoridades provinciales subsanen las infracciones identificadas.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 4/2026, firmada este martes y publicada este jueves a la madrugada en el Boletín Oficial.

En el texto, el Gobierno señala que el puerto presenta un deterioro significativo en sectores estructurales, deficiencias en la señalización y en el cumplimiento de protocolos, y falta de observancia de los mínimos estándares nacionales e internacionales de la tecnología y seguridad.

Estas falencias fueron observadas luego de una serie de inspecciones ordenadas a mediados del año pasado, que también arrojaron, según el Gobierno, que la Dirección Portuaria Provincial carecía de “personal idóneo suficiente en la materia y no daba observancia a los mínimos estándares”.

Además, se advirtió sobre un “desbalance entre los préstamos otorgados” y una baja inversión en infraestructura, lo que —según el diagnóstico oficial— podría comprometer la disponibilidad futura de recursos para ejecutar obras, afectando la capacidad operativa y la sostenibilidad del puerto.

“Se supo que la administración provincial de Tierra del Fuego destinó un 33% de su presupuesto a subvenciones y solo un 1,3% para la ejecución de obras e iniciativas que optimicen las prestaciones actuales. Suponemos que con la intervención van a salir a la luz cosas más finas”, detallaron desde el Gobierno ante la consulta de este medio.

La resolución también hace referencia a la Ley provincial N° 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”, recientemente sancionada por la Legislatura fueguina. La norma prevé la creación de un fondo específico para el pago de deudas de la obra social a partir del superávit portuario. Según el Gobierno nacional, su implementación comprometería la autonomía financiera del puerto y podría afectar su funcionamiento, su capacidad de inversión y el cumplimiento de obligaciones contractuales.

Con la entrada en vigencia de la medida, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a cargo de Iñaki Arreseygor, asumirá la administración del puerto de Ushuaia por el plazo de un año, contado desde el día siguiente a la publicación de la resolución. Finalizado ese período, se realizará una nueva inspección para evaluar si corresponde levantar o mantener la intervención.

Desde el Gobierno también destacaron la importancia del puerto del extremo sur del territorio nacional. “Resulta de suma importancia como puerta de entrada y salida para el turismo de cruceros antárticos, además de ser un nodo logístico clave para la región y un punto estratégico en la soberanía territorial argentina", expresaron en el documento.

“Su infraestructura multipropósito le permite recibir cruceros de pasajeros, embarcaciones de carga, pesca y buques científicos durante todo el año”, añadieron. De hecho, esto ocurre en plena temporada alta de cruceros en la ciudad, que arranca en septiembre y se extiende hasta marzo o abril, dependiendo del clima.