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Política

26/06/2025

El Gobierno celebró la decisión de la Justicia de aplicar el juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA

“Vamos a poder juzgar a los terroristas”, señaló Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La medida fue tomada este mediodía por el juez Rafecas a pedido de la UFI AMIA

El Gobierno nacional destacó la decisión adoptada este mediodía por el juez federal Daniel Rafecas de poner en marcha el juicio en ausencia para los diez imputados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un hecho que marcó la historia argentina el 18 de julio de 1994. Según información oficial, la resolución responde a un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA) y habilita una instancia largamente reclamada por organizaciones de víctimas y familiares tras tres décadas sin respuestas judiciales sobre el ataque que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró públicamente el fallo judicial y remarcó la trascendencia de la nueva normativa que permitió avanzar en el expediente. “Gracias a la ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA”, expresó el funcionario. En sus declaraciones, destacó el alcance de la medida al considerar que, de este modo, “vamos a poder juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah prófugos que planificaron y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia, que dejó a 85 argentinos muertos y más de 150 heridos”.

La decisión del juez Rafecas constituye un giro de dimensiones en el expediente, ya que los principales sospechosos continúan fuera de la Argentina y, según la investigación oficial, no han comparecido ante la Justicia a pesar de los reiterados pedidos de captura internacional. La aplicación del juicio en ausencia, avalada por el marco legal recientemente reglamentado, posibilita que el proceso avance aun sin la presencia física de los acusados, una modalidad prevista para evitar que delitos de lesa humanidad o de terrorismo permanezcan sin castigo.