Un fiscal denunció a Estela de Carlotto por su pedido para que Javier Milei “cambie o se vaya rápido”

El fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani denunció hoy a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela De Carlotto, quien ayer durante su discurso en el acto por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia pidió que el presidente Javier Milei “cambie o se vaya rápido”. El fiscal presentó una denuncia por los delitos “amenaza de rebelión” y “alzamiento en armas contra la Constitución”.

“El artículo 226 bis penaliza la amenaza de rebelión, esto es, a quien amenazare pública e idóneamente con la comisión de algunas de las conductas previstas en el artículo 226, en el caso, deponer al Poder Ejecutivo Nacional. Recordemos que el 226 penaliza el alzamiento en armas contra la Constitución o alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional”, explica la denuncia.

Según Pettigiani, “la confirmación del canal abierto por Carlotto con sus amenazas, se vió plasmado con las amenazas recibidas por la Señora Vicepresidente de la Nación, en el día de la fecha, en la que recibió amenazas de muerte, vía la red social X”.

Carlotto fue una de las oradoras en el acto de ayer en Plaza de Mayo. “Es un extraño personaje. Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”, dijo en referencia al presidente.

La titular de Abuelas además retomó una propuesta ya enunciada por Cristina Fernández de Kirchner hace unos meses: cortar la discusión sobre el número de desaparecidos mediante una ley que fije una verdad oficial. “Seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias, y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, manifestó. Y añadió: “Vamos a seguir defendiendo las políticas de estado de memoria, verdad y justicia construidas sobre consensos democráticos y sostenidas por trabajadores y trabajadoras, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación debe continuar siendo querellante en los juicios de lesa humanidad”.

También hizo alusión a las condiciones en las que los detenidos cumplen sus penas y aseguró: “Desde el inicio del juicio, señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o atraviesan los procesos de libertad”. “Los detenidos son menos de 700 y más del 75% están en arresto domiciliario”, subrayó.