El traslado de cuatro mujeres a Ezeiza ordenado por la jueza generó críticas, repudios y discusiones

Las condiciones de detención de las siete mujeres encarceladas tras el desalojo ordenado por la justicia en Villa Mascardi generaron cuestionamientos y preocupación en organismos de DDHH, mientras se multiplican las críticas a la jueza que interviene en el conflicto por ordenar el traslado de cuatro de ellas a un penal de Ezeiza, a 1600 kilómetros de su lugar de residencia.

Se trata de las siete mujeres imputadas por la justicia federal en una causa caratulada como "Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación", tras el operativo realizado el martes último por el comando unificado de fuerzas federales, con el despliegue en las inmediaciones de la ruta 40 de unos 250 efectivos.

La jueza federal subrogante Silvina Domínguez ordenó el traslado de cuatro de ellas -Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera- al penal de Ezeiza con el argumento de que no existe en Río Negro ningún establecimiento federal para mujeres.

Esa medida ya fue apelada por las defensas de las detenidas, que alertaron sobre la "falta de perspectiva de género" y la "pena adicional" que implica "llevarlas a 1.600 kilómetros de distancia de su grupo familiar".

Además, los abogados de las detenidas, Andrea Reile y Ezequiel Palavecino, advirtieron que los tratados internacionales "impiden agravar" la situación de las mujeres e instaron a "agotar todas las posibilidades -lo que no se ha hecho en autos- de alojarlas en algún lugar provincial o municipal adecuado en esta ciudad o resolver su situación procesal", según difundió el Parlamento Mapuche.

El expediente se abrió -con intervención de la fiscal Cándida Etchepare- a partir de la denuncia de nueve lotes usurpados en la zona de Villa Mascardi, uno de ellos perteneciente a Parques Nacionales y los demás, a particulares.

En relación a la forma en que se llevó adelante el desalojo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió la actuación de las fuerzas federales, explicó que el operativo había sido preparado varios días antes, sin uso de "armas letales" y reafirmó: "Es la justicia la que decide, no soy yo".

Fernández consideró que a su cartera, a partir de ahora, "le toca otro tipo de tareas", conforme a "lo que vaya indicando la jueza", y opinó que "las expresiones positivas que ahora se vierten" hacia las personas presuntamente involucradas en las ocupaciones no condicen con "lo que venía sucediendo el último tiempo".

"Han incendiado un montón de casas, tomaron campos y agredieron gente. Nos quemaron una casilla de la Gendarmería. Vengo insistiendo en que en la provincia se arme una mesa para que se hable con esta gente, negociando cosas de otro color pero que no sea bajo la presión de agravios, insultos o fuerza bruta", declaró el ministro.

En cuanto al traslado de las mujeres al penal de Ezeiza, la decisión de la jueza mereció críticas del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.