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Política

05/03/2021

El Gobierno Nacional derogó el decreto que impedía el ingreso a la Argentina de extranjeros con antecedentes

A través de un decreto, el Presidente además, se dio marcha atrás con el trámite de expulsión expeditivo para los inmigrantes que cometieran delitos en el país.

A través de la resolución 138/2021 publicada en el Boletín Oficial de este viernes, el Gobierno de la Nación derogó el decreto de la gestión anterior a través del que se había modificado la Ley de Migraciones para establecer mayores controles al ingreso de extranjeros con antecedentes penales y agilizar el trámite de expulsión de los inmigrantes que cometan delitos en la Argentina.

La norma lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y sus ministros y hace referencia a la medida de la gestión de Mauricio Macri por la cual se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” que tenía como objetivo negar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y expulsar a los inmigrantes que cometieran delitos en el país con mayor velocidad. Por aquel entonces, se argumentó que cada el Estado “tenía la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”.

Sin embargo, cuando asumió el Frente de Todos, el Centro de Estudios Legales y Sociales; Amnistía Internacional y otras organizaciones le solicitaron al Presidente derogar la medida, algo que finamente sucedió este viernes.

Según se expresó en el decreto, el gobierno anterior “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

También aseguraron que la política migratoria pasada no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, sino que “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

Anteriormente Fernández ya había cuestionado esta medida indicando que “lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena, y esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”.

Finalmente, el Ejecutivo ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria “que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871″.