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20/11/2026

El Senado aprobó tres leyes clave: discapacidad, propiedad privada y tratado de patentes

El Senado sancionó cuatro leyes durante una extensa sesión que estuvo marcada por momentos de tensión entre el oficialismo y la bancada justicialista

La Cámara alta aprobó un nuevo régimen permanente para las personas con discapacidad, la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la restitución de la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para instalaciones deportivas y recreativas.

Las cuatro iniciativas completaron su recorrido parlamentario y serán enviadas al Poder Ejecutivo para su promulgación. Entre las principales definiciones se encuentra el reemplazo de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia finalizaba el próximo 31 de diciembre, por un sistema permanente de prestaciones y financiamiento.

La sesión también permitió avanzar con la restitución de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales, una modificación que había sido incorporada por Diputados al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El Senado tiene previstas otras dos sesiones para la próxima semana: el miércoles 25 de noviembre se recibirá el informe de gestión del Jefe de Gabinete Diego Santilli, y el jueves 26 debatirá la reforma política impulsada por el presidente Javier Milei.

Qué establece la ley de discapacidad que aprobó el Senado

Uno de los principales puntos es la continuidad de la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% de una jubilación mínima. La norma establece que la prestación será compatible con un empleo registrado o con el monotributo siempre que los ingresos de la persona no superen los 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), actualmente de $ 782 mil.

El texto también mantiene el nomenclador único de prestaciones, que establece los valores que reciben los prestadores del sistema, y dispone su actualización automática de acuerdo con la movilidad jubilatoria.

Además, garantiza la continuidad de la cobertura médica mediante el Programa Federal Incluir Salud, destinado a titulares de pensiones no contributivas que no tienen obra social. También establece que el presupuesto destinado al área de discapacidad no puede disminuir en términos reales respecto del año anterior.

Otro de los reclamos del sector estaba relacionado con las deudas con los prestadores. La ley aprobada por el Senado incorpora una cláusula que obliga al Poder Ejecutivo a establecer un cronograma para pagar las compensaciones atrasadas y fija un plazo máximo de 30 días para su reglamentación.

Pensiones: menos beneficiarios y una caída del poder adquisitivo

El debate se produce en un contexto de cambios en las políticas destinadas a las personas con discapacidad durante la gestión de Javier Milei.

Entre 2023 y septiembre de 2026, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez cayó un 5,9%, hasta alcanzar aproximadamente 1,14 millones, según datos del Ministerio de Capital Humano.

También disminuyó el poder de compra de la prestación. El monto promedio registró una caída real (descontando la inflación) del 14,2% desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, pese a que durante los primeros 9 meses de 2026 aumentó un 1,9% en términos reales y alcanzó un promedio de $ 373.583.

En paralelo, todavía hay más de 200 mil solicitudes de pensión pendientes correspondientes a 2026, según uno de los reclamos planteados durante el debate legislativo.

Otro punto de tensión es el financiamiento del Programa Federal Incluir Salud, que garantiza medicamentos, tratamientos y otras prestaciones médicas a quienes cobran una pensión no contributiva y no tienen otra cobertura.

De acuerdo con un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Presupuesto 2027 contempla para el programa una reducción del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023, en términos reales.

Patentes: el oficialismo consiguió la adhesión a un tratado internacional después de casi tres décadas

El Senado también convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con 47 votos afirmativos y 22 negativos. La iniciativa había recibido una primera aprobación de la Cámara alta en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem. Sin embargo, el proceso legislativo quedó pendiente durante casi tres décadas.

En esta oportunidad, el proyecto regresó al Senado porque Diputados introdujo modificaciones al texto original. La adhesión se aprobó con una reserva sobre el Capítulo II del tratado, a pedido de la industria farmacéutica. Ese apartado contempla exámenes internacionales no vinculantes sobre los requisitos de patentabilidad de las invenciones.

El acuerdo, al que ya adhieren 158 países, establece un sistema internacional para facilitar la presentación de solicitudes de patentes y su tramitación en distintos mercados.

El senador libertario Pablo Cervi defendió la incorporación de la Argentina al tratado y aseguró que permitirá reducir los costos iniciales y simplificar los procedimientos para investigadores, universidades, emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

“El talento y la innovación argentina tienen que llegar al mundo. No podemos pretender que nuestros científicos, emprendedores y empresas compitan internacionalmente mientras enfrentan obstáculos burocráticos que dificultan su crecimiento. Este tratado permitirá simplificar los trámites, reducir costos y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico”, sostuvo Cervi.

El legislador también destacó la decisión del Gobierno de retomar una iniciativa que llevaba años sin completar su tratamiento parlamentario. “Argentina tiene que integrarse cada vez más al mundo. La adhesión a este tratado es un paso importante para modernizar nuestra legislación, fortalecer la innovación y brindar mejores herramientas a quienes investigan, desarrollan nuevas tecnologías y apuestan por el crecimiento de nuestro país”, concluyó.

La bancada justicialista rechazó la iniciativa y cuestionó sus implicancias para la relación comercial con Estados Unidos.

“Como parte del Tratado de libre comercio con los Estados Unidos la Argentina les levanta aranceles a 233 productos, le garantiza tierras raras y les garantiza así también sus intereses a las farmacéuticas estadounidenses”, advirtió el jefe del bloque del PJ, José Mayans.

El Senado restituyó la Ley de Tierras y los límites a la propiedad extranjera

En otro tramo de la sesión, la Cámara alta sancionó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 42 votos afirmativos y 26 negativos.

La iniciativa modifica disposiciones vinculadas con desalojos y expropiaciones, pero uno de sus puntos centrales es la restitución de la Ley de Tierras, que había sido derogada por el DNU 70/2023.

La norma restablece el límite del 15% a la propiedad extranjera de tierras rurales en la Argentina. El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en marzo y obtuvo una primera aprobación del Senado en agosto. Posteriormente, Diputados lo sancionó en octubre con modificaciones, por lo que debió regresar a la Cámara alta.

La Cámara baja incorporó dos artículos que cambiaron el alcance de la iniciativa original. El artículo 38 deroga el artículo 134 del DNU 70/2023, que había eliminado la Ley de Tierras. A su vez, el artículo 39 restablece la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner.

La legislación fija límites a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, explicó el recorrido parlamentario de la iniciativa.

“Este tema ingresó al Senado en marzo, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. En agosto lo debatimos aquí y tuvo media sanción. Luego fue tratado en la Cámara de Diputados, sancionado en octubre con modificaciones que son las que motivan que estemos acá”, señaló.

Por su parte, la senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut, respaldó la restitución de la normativa y destacó que permitirá resolver la situación generada por su derogación. “Esta media sanción vuelve sobre el artículo 154 del DNU 70/23 que derogaba la Ley de Tierras. Hoy se nos permite dar por terminada la incertidumbre en la que quedamos expuestos por la vigencia de este decreto”, afirmó.

Con la aprobación de las modificaciones introducidas por Diputados, el Senado completó la sanción del proyecto.

Ley Joaquín: aprobaron medidas obligatorias de seguridad para instalaciones deportivas

La cuarta iniciativa convertida en ley fue la denominada Ley Joaquín, aprobada por unanimidad con 68 votos afirmativos.

El proyecto surgió a partir de la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en enero de 2026 después de que un arco de fútbol sin fijación al suelo cayera sobre él durante un campamento en Junín de los Andes, Neuquén.

La nueva legislación establece medidas obligatorias de seguridad para prevenir accidentes con equipamiento deportivo y recreativo. Entre sus disposiciones se encuentran la correcta instalación, sujeción y anclaje de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, además de aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza.

También contempla la utilización de contrapesos y protecciones acolchadas, así como la obligación de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas. Durante el debate, el senador radical Maximiliano Abad destacó el objetivo preventivo de la norma.

“Queremos jóvenes que hagan deporte, disfruten de las plazas y crezcan en los clubes. Pero también queremos que cada uno de ellos vuelva luego sano y salvo a sus casas con esta Ley Joaquín”, expresó.

El senador peronista Carlos Linares reconoció el impulso de la familia del niño para promover una legislación que permita evitar nuevas tragedias. “Me parece valioso señalar el tremendo valor que deben tener las familias para, en medio de semejante desgarramiento y desolación que produce un hecho de este tipo, generar algo positivo y útil para la sociedad para que no vuelva a suceder”, sostuvo.

La aprobación unánime permitió completar el trámite parlamentario de una iniciativa destinada a reforzar las condiciones de seguridad en espacios deportivos y recreativos.