12/11/2026
El tribunal internacional consideró que el proceso de juicio político que terminó con su salida de la Corte Suprema en 2003 vulneró garantías judiciales y la independencia del Poder Judicial. Además, ordenó regularizar su pensión vitalicia y establecer indemnizaciones para sus familiares
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó internacionalmente a la Argentina por la destitución del exjuez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor, quien fue removido de su cargo por el Senado en diciembre de 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
En una sentencia dictada el 20 de agosto de 2026 y conocida este jueves, el tribunal determinó que el proceso de juicio político presentó irregularidades y que la acusación contra el magistrado estuvo vinculada con el contenido de sus decisiones judiciales.
Según el fallo, utilizar los criterios jurídicos expresados por un juez en sus sentencias como fundamento para apartarlo de su cargo representó una afectación a la independencia judicial y a la separación de poderes.
La resolución también estableció que el Estado argentino vulneró distintos derechos del exmagistrado, entre ellos las garantías judiciales, los derechos políticos y la protección judicial, además de sus derechos al trabajo, a la seguridad social y a la propiedad privada.
La pensión vitalicia y las indemnizaciones
Otro de los aspectos centrales de la sentencia fue la quita de la pensión vitalicia que Moliné O’Connor percibía desde 1998. El beneficio había sido revocado en octubre de 2004, luego de su destitución.
Al respecto, la Corte Interamericana consideró que esa medida también afectó sus derechos y ordenó al Estado argentino regularizar el régimen previsional que le correspondía.
Además, dispuso el pago de 600.000 dólares por daño material y otros 25.000 dólares por daño inmaterial. Las indemnizaciones deberán distribuirse entre su esposa y sus hijos.
Un proceso que comenzó hace más de dos décadas
Moliné O’Connor integró la Corte Suprema entre 1990 y 2003. Su destitución se produjo luego de un juicio político impulsado a partir de cuestionamientos vinculados con distintas causas judiciales, entre ellas el expediente Meller.
El exmagistrado falleció el 20 de agosto de 2014, a los 76 años, por lo que el proceso ante los organismos internacionales continuó a través de sus familiares.
La presentación original ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se había realizado en noviembre de 2003, mientras que el caso llegó a la Corte Interamericana en agosto de 2024.
Como parte de las medidas ordenadas, el tribunal también dispuso que la Argentina publique y difunda la sentencia, además de garantizar que las futuras interpretaciones del artículo 53 de la Constitución Nacional respeten el debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos.
El Estado tendrá un plazo de un año desde la notificación del fallo para informar sobre las medidas adoptadas. La Corte Interamericana continuará supervisando el cumplimiento de la resolución.
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