Concepción: Avanza la investigación por la toma y destrucción de campos de caña de azúcar

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, bajo la intervención del fiscal titular Gerardo Salas y la actuación en el terreno del auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez, formalizó la acusación contra los sospechosos e impulsó el desalojo de los predios loteados de manera irregular.

La Justicia provincial dio curso formal a la causa que investiga la masiva ocupación y destrucción de terrenos productivos ubicados en el cuadrante comprendido entre las calles Vicente López y Planes, Campos de las Carreras, Acequia los Méndez y calle Las Palmeras, en la ciudad de Concepción. 

En una audiencia clave, el juzgado interviniente hizo lugar a los planteos formulados por el Ministerio Fiscal, disponiendo la restitución de los inmuebles a la parte damnificada y autorizando medidas de coerción y procedimientos de desalojo en caso de incumplimiento.

Los hechos denunciados y la intervención de la Fiscalía

La causa se originó a partir de una serie de denuncias por ocupaciones ilegales ocurridas a mediados de julio de 2026, coincidiendo con la feria judicial. De acuerdo con la acusación sostenida por el fiscal de la causa y su equipo, un numeroso grupo de personas ingresó de forma organizada a propiedades productivas destinadas al cultivo de caña de azúcar en pie.

Para afincarse y delimitar de forma clandestina alrededor de 270 parcelas (una extensión comparable a barrios enteros), los ocupantes destrozaron los sembradíos utilizando machetes y palas, extrayendo incluso las cepas desde la raíz, lo que ocasionó un severo perjuicio agronómico y económico a los productores al comprometer las próximas zafras.

Frente a esta situación, la investigación fue encabezada por el fiscal Gerardo Salas en el terreno, acompañado por el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez, quien junto a personal policial se constituyó en el lugar para llevar adelante inspecciones oculares, constatar el estado de las tierras, relevar cámaras de seguridad de la zona, registrar tomas fotográficas y entablar diálogo para intentar disuadir pacíficamente a los ocupantes.

Asimismo, la acusación pública logró recolectar testimonios claves de cuidadores y personal de vigilancia, informes periciales de criminalística y documentación registral-catastral que acreditaron la legítima posesión y titularidad de los predios afectados.

Imputación de cargos y medidas cautelares

Con las evidencias reunidas, la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad formalizó la acusación por los delitos de daños en concurso real con usurpación por despojo, en calidad de coautores.

A requerimiento del fiscal, el juzgado resolvió imponer a las personas imputadas una serie de medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de tres meses para asegurar su sujeción al proceso judicial, entre ellas la fijación obligatoria de domicilio, la prohibición de obstaculizar la investigación y el deber de presentarse periódicamente ante las autoridades.

Orden de restitución, intimación de 24 horas y auxilio de la fuerza pública

En consonancia con lo peticionado por el fiscal y el auxiliar de fiscal, la jueza interviniente dictó la restitución provisoria de las parcelas ocupadas recientemente.

La resolución judicial dispuso:

Delimitación previa del terreno: El fiscal y el auxiliar de fiscal, junto con los equipos técnicos correspondientes, deberán materializar previamente en el terreno los sectores alcanzados por la orden de restitución en base a las inspecciones oculares practicadas en la causa.

Intimación de retiro voluntario: Se otorgó a los ocupantes un plazo improrrogable de 24 horas a partir de su notificación para que desocupen voluntariamente los predios con sus pertenencias personales.

Desalojo compulsivo y uso de la fuerza pública: Vencido dicho plazo sin que se concrete la desocupación voluntaria, la Justicia autorizó el allanamiento y desalojo compulsivo mediante el empleo de la fuerza pública como último recurso, bajo la estricta coordinación y supervisión del fiscal titular y del auxiliar de fiscal.

Protección de personas en situación de vulnerabilidad: Previo a cualquier medida coercitiva, se dispuso dar intervención inmediata a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF) y equipos de asistencia sanitaria para resguardar los derechos de menores, personas con discapacidad y adultos mayores presentes en el lugar.

Identificación dactiloscópica compulsiva: Ante la negativa de ocupantes a identificarse fehacientemente durante las diligencias, la Justicia habilitó la individualización dactiloscópica en el lugar para incorporarlos a la investigación penal.

Con estas determinaciones impulsadas por la UFI, la causa avanza en el Centro Judicial Concepción hacia la normalización y restitución pacífica de las tierras agrícolas vulneradas.