29/07/2026
Por primera vez en la historia, el fiscal federal Chit sumó indicios de vínculo de esta región con la poderosa organización criminal de Brasil. Cómo era el mecanismo de la maniobra que habría realizado. Dos hombres y sus madres quedaron tras las rejas
En un hecho sin precedente en la historia judicial del NOA, cuatro tucumanos fueron acusados de lavar activos del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudámerica. Este es un caso que marcará un antes y un después en esta parte del país. Desde hace por lo menos cinco años que se sospechaba la presencia de este grupo en la región, pero por primera vez, el fiscal federal Agustín Chit logró sumar indicios de los vínculos que existen entre habitantes de esta provincia y la estructura delictiva.
La investigación se originó en el expediente conocido como “Operación Crypto”. Según la pesquisa realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, se logró desarticular una compleja estructura financiera.
De acuerdo con la pesquisa, Marcelo Clayton Alves de Sousa “dirigió una organización destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, durante varios años, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (narcotráfico, estafas y evasión impositiva)”. El año pasado se estimó que este grupo habría blanqueado unos US$ 500 millones.
En esa compleja investigación se descubrió que la banda tenía ramificaciones en Tucumán. Por esa razón, el juez interviniente envió copia del expediente para que los sospechosos fueran investigados en esta provincia.
El caso quedó en manos del fiscal Chit. Con la colaboración de María Fernanda Bergalli, titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos, y de María del Carmen Chena, responsable de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, tras varios meses de pesquisa lograron establecer cuál habría sido la maniobra desplegada por los tucumanos.
Los sospechosos habrían participado de una maniobra financiera compleja que no tendría antecedentes en la historia judicial local. A pesar de ello, se logró identificar a dos jóvenes menores de 25 años que habrían utilizado el nombre de sus madres para ingresar al mercado financiero unos US$ 14 millones. Por cuestiones legales, sus identidades no pueden ser difundidas por el momento.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, un grupo de personas habría canalizado fondos de origen ilícito -entre ellos provenientes de la narcocriminalidad- a través de complejas maniobras financieras que incluyeron el uso de plataformas digitales, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas y entidades bancarias tradicionales.
Los investigadores advirtieron inconsistencias entre el volumen de operaciones registradas y el perfil patrimonial y fiscal de los involucrados, lo que reforzó las sospechas sobre el origen de los fondos.
La operatoria detectada incluía la recepción de activos, su fragmentación y diversificación mediante trading de criptomonedas y un presunto retorno hacia un beneficiario final identificado como Alves de Sousa, ciudadano brasileño que se encuentra prófugo y con investigaciones abiertas tanto en Argentina como en Brasil por lavado de activos y delitos vinculados al narcotráfico.
En febrero, el fiscal Chit, tras reunir evidencia en contra de los investigados, solicitó que se adoptaran medidas cautelares antes de que se resolviera la situación procesal de los investigados. El juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó el congelamiento de US$ 208.693 que fueron incautados y quedaron como depósito judicial en una cuenta especial del Banco Nación.
Además, dispuso medidas cautelares sobre ocho participaciones societarias -siete radicadas en el extranjero-, cuatro vehículos, cerca de 50 productos bancarios y 10 inmuebles, varios de ellos fuera del país, según se publicó en la página fiscales.gob.ar.
El investigador continuó profundizando la pesquisa. Con el correr de las semanas y, al sumar nuevos indicios, solicitó que se realizaran una serie de allanamientos. Las medidas se concretaron en los últimos días y estuvieron a cargo de la división Antilavado de la Policía Federal.
Tres de los mencionados de la causa fueron detenidos y un cuarto, se presentó espontáneamente ante las autoridades al descubrir que había un pedido de captura sobre él. En las medidas se secuestraron dispositivos electrónicos y documentaciones.
Los acusados de haber realizado esta maniobra, comenzaron a ser indagados en la Justicia Federal. El juez Guillermo Díaz Martínez, después de que declaren, definirá su situación procesal. (Fuente: La Gaceta)
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