Conducía a alta velocidad en una zona urbana y fue imputado por la muerte de uno de sus acompañantes

Este martes, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra Jesús Antonio Galán (34), en el marco de una investigación por un siniestro vial ocurrido en la localidad de Timbó Nuevo, departamento Burruyacu, que terminó con la muerte de Sergio Armando Argota (42).

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale, que le atribuyó al imputado el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por exceder en más de 30 km/h la velocidad máxima permitida.

Según la teoría del caso presentada por la auxiliar de fiscal Luz Becerra, el hecho ocurrió el 9 de febrero de 2022, alrededor de las 17:40 horas, cuando Galán conducía un automóvil Peugeot 208 por la ruta provincial 305, a la altura del kilómetro 23, en Timbó Nuevo, circulando de oeste a este.

En el vehículo viajaban Argota, quien iba sentado en el asiento trasero, dos mujeres y un joven. De acuerdo con la investigación, el acusado conducía a una velocidad mínima de 108 km/h en un sector donde la máxima permitida era de 60 km/h por tratarse de una zona urbana. Además, habría realizado maniobras de zigzag de manera temeraria, perdiendo el control del rodado.

Como consecuencia, el automóvil invadió el carril contrario, salió hacia la banquina norte, volvió a ingresar a la cinta asfáltica, la cruzó en forma oblicua, salió nuevamente hacia la banquina sur y continuó por una cuneta hasta impactar con su lateral izquierdo contra una alcantarilla de mampostería.

A raíz de la violencia del choque, Argota sufrió lesiones que le provocaron el fallecimiento ese mismo día.

Evidencias y medidas cautelares

Para sustentar la acusación, el MPF incorporó numerosas evidencias, entre ellas los testimonios de los ocupantes del vehículo y un informe accidentológico.

Asimismo, la Fiscalía informó que Galán registra una condena previa dictada en la localidad bonaerense de Quilmes por un hecho ocurrido en agosto de 2017, cuando fue sentenciado a tres años y siete meses de prisión como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad, consistentes en reglas de conducta por el plazo de cinco meses. El juez interviniente hizo lugar íntegramente al planteo fiscal y dispuso las medidas requeridas por la acusación pública.