Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza

Diez integrantes de una organización dedicada al tráfico de cocaína y marihuana fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Tucumán en el cierre de una investigación que durante más de dos años permitió reconstruir una compleja estructura narco con ramificaciones en distintos barrios de la capital tucumana, conexiones con proveedores del norte del país e incluso operaciones de venta dentro del penal de Villa Urquiza. La sentencia confirmó que no se trataba de hechos aislados ni de vendedores independientes, sino de una asociación criminal con roles definidos, logística propia, lugares de almacenamiento, distribución organizada y antecedentes penales que alcanzaban a varios de sus principales integrantes.

La investigación se inició en agosto de 2022 a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la actividad de venta de estupefacientes en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla. A partir de allí, la Justicia Federal desplegó tareas de inteligencia, seguimientos, intervenciones telefónicas y vigilancia que permitieron reconstruir una estructura criminal que operó entre 2022 y 2024.

Según determinó la pesquisa, entre agosto de 2022 y octubre de 2024 la organización se dedicó a la compra, transporte, fraccionamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de cocaína y marihuana en distintos puntos de Tucumán. Los investigadores identificaron operaciones en los barrios Juan XXIII, Oeste II, Las Tipas y SEOC, además de maniobras destinadas a introducir droga en el establecimiento penitenciario de Villa Urquiza para su posterior comercialización entre los internos.

Los investigadores determinaron que Néstor Hugo Jiménez y Liliana Noemí Jiménez encabezaban la estructura, coordinando la adquisición de cargamentos provenientes de Salta y Jujuy. La droga era trasladada a Tucumán, donde luego se distribuía a distintos puntos de venta.

Un papel central también desempeñó Pamela Bravo, considerada por los investigadores como uno de los ejes operativos de la estructura. Desde el barrio La Bombilla coordinaba puntos de venta, manejaba el dinero proveniente del narcotráfico y abastecía a distintos distribuidores. La pesquisa reveló la existencia de los denominados “kioscos” y “búnkeres” de venta al menudeo, desde donde se comercializaban dosis fraccionadas de cocaína y marihuana. Además, se comprobó que contaba con colaboradores que cumplían funciones específicas de vigilancia, guarda de droga y distribución.

Durante el juicio se acreditó una división de tareas entre los integrantes de la banda, que incluía funciones de venta, almacenamiento, traslado y resguardo de la droga. Asimismo, se comprobó que Hugo Exequiel Jiménez, hijo de los principales acusados, continuaba participando de las actividades ilícitas desde el interior del penal de Villa Urquiza, donde cumplía una condena previa.

El juicio oral concluyó con diez condenas a partir del trabajo del auxiliar fiscal Daniel Weisemberg, bajo la dirección del fiscal general subrogante Pablo Camuña. Luego de la deliberación de los jueces Cristina Edith Giordano, Ana Carina Farías y Federico Bothamley, Néstor Jiménez y Noemí Jiménez recibieron penas de ocho años de prisión por organización y financiamiento de actividades vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes, mientras que Pamela Bravo fue condenada a ocho años por tenencia de droga con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas. Karen Correa, Santos Quiroga y Pedro Sosa recibieron seis años de prisión; Hugo Exequiel Jiménez fue condenado a cinco años; y Andrea Coronel, Rita Bravo y Ana María Jerez recibieron penas de ejecución condicional por los distintos grados de participación acreditados durante el debate. La reincidencia de varios de los acusados constituyó uno de los elementos más significativos del caso. En la sentencia, el Tribunal Oral Federal declaró reincidentes a Néstor Jiménez, Bravo, Sosa y Hugo Jiménez. Además, los jueces dispusieron la unificación de la nueva condena impuesta a Liliana Jiménez con una pena anterior dictada por el mismo tribunal en otra causa por narcotráfico, fijando una pena única de diez años de prisión. El dato no es menor: para los magistrados, la organización estaba integrada en buena medida por personas que ya habían sido investigadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados al comercio de estupefacientes, circunstancia que revela la persistencia de las conductas criminales y la consolidación de una estructura dedicada al negocio de la droga.

Para la Justicia, las pruebas reunidas durante más de dos años permitieron demostrar la existencia de una organización criminal estable, con roles definidos y dedicada de manera permanente al negocio del narcotráfico, tanto en barrios de la capital tucumana como dentro de una unidad penitenciaria.