20/05/2026
El líder de la organización estaba detenido cumpliendo una condena por trata de personas y utilizaba celulares no autorizados
Mientras cumplía una condena previa por trata de personas en la Unidad N° 1 del Penal de Villa Urquiza, Walter Ayala dirigía desde su celda una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tucumán. Con teléfonos celulares prohibidos, coordinaba la captación de víctimas, administraba publicaciones en sitios de oferta sexual y controlaba las ganancias obtenidas por la red. Por estos hechos, la justicia federal lo condenó junto a Alejandra Galván, señalada como la encargada operativa de los departamentos donde funcionaba el circuito de explotación.
A través de un juicio abreviado en el que ambos admitieron su culpabilidad, la jueza Carina Farías impuso 12 años de prisión para Ayala y ocho para Galván. Además, se ordenó una reparación económica histórica de más de $130 millones para las ocho víctimas, monto que contempla el daño moral, el lucro cesante y la recuperación de las ganancias ilícitas obtenidas por los explotadores.
La pesquisa estuvo encabezada por el fiscal federal Pablo Camuña, quien logró acreditar que Ayala continuaba manejando la estructura delictiva desde el interior del penal. Según se determinó, utilizaba celulares no autorizados para contactar mujeres en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales y luego publicaba sus perfiles en el sitio de oferta sexual Skokka, donde también definía los nombres ficticios que utilizarían. En paralelo, Galván cumplía funciones clave fuera de la cárcel
De acuerdo con la investigación, Galván cumplía funciones presenciales esenciales para el desarrollo de estas maniobras: asistía regularmente a los departamentos donde se realizaban los encuentros sexuales, “supervisaba" a las víctimas, controlaba la actividad diaria y recaudaba el dinero proveniente de los “pases”. Además, era la persona encargada de tomar fotos y filmaciones de contenido sexual para la publicación y coordinaba ingresos, egresos y reemplazos de mujeres en los distintos inmuebles explotados.
La resolución judicial también dispuso una reparación económica considerada inédita por el monto fijado. El cálculo incluyó indemnizaciones por daño moral, lucro cesante y el recupero de las ganancias obtenidas ilegalmente por la organización criminal durante el tiempo que operó.
La investigación, liderada por el fiscal Pablo Camuña, demostró que Ayala utilizaba teléfonos celulares no autorizados para reclutar mujeres vulnerables a través de redes sociales.
El caso volvió a poner bajo la lupa los controles internos dentro del Penal de Villa Urquiza, luego de comprobarse que uno de los principales condenados por trata de personas continuó liderando maniobras delictivas desde el interior de la cárcel.
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