12/05/2026
Durante el procedimiento se llevaron 22 kilogramos de hojas de coca y falsearon el acta. Conforme avance la investigación la calificación legal podría variar
Dos efectivos policiales fueron imputados por presuntamente exigir dinero durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Tiro Federal, en San Miguel de Tucumán. La causa es investigada por la Unidad Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira.
Por el delito calificado provisoriamente como extracciones ilegales agravadas en concurso real con falsedad ideológica en perjuicio de la administración y la fe pública, dos policías de 29 y de 51 años (éste último con cargo de comisario prestando servicio en Banda del Río Salí) estarán sometidos a medidas de menor intensidad por seis meses mientras avanza la investigación en su contra.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 25 de enero de 2024 durante un procedimiento ordenado en el marco de una causa por robo agravado. El allanamiento tenía como objetivo secuestrar una camisa de grafa perteneciente a la Municipalidad de Banda del Río Salí y un teléfono celular Samsung Galaxy A14.
Según la Fiscalía, el procedimiento tenía como fin en procurar una camisa de grafa de la Municipalidad de Banda del Río Salí y un teléfono celular marca Samsung Galaxy A14, de color gris. Sin embargo, durante la medida, el policía imputado y otro a identificar hallaron 22 kilogramos de hojas de coca en la vivienda, y aprovechando este hallazgo, llamaron al comisario, quien al arribar a la vivienda, irrumpió en la habitación donde tenían retenida a una persona y, en forma conjunta, valiéndose de su función y de la existencia de una orden de allanamiento válida, ejercieron intimidación sobre la víctima exigiéndole el pago de una importante suma de dinero, bajo la amenaza expresa de llevarlo detenido y secuestrar la mercadería.
La investigación señala que las víctimas, bajo presión, reunieron el dinero solicitado utilizando sus propios ahorros y entregaron la suma a los acusados. Posteriormente, según la Fiscalía, los policías reemplazaron a un testigo del procedimiento por una vecina y asentaron datos falsos en el acta del allanamiento, dejando constancia de que no se habían encontrado elementos relevantes.
Finalmente, la jueza actuante validó el plazo peticionado e indicó que conforme avance la presente causa podría agravarse la calificación (por el delito de extorsión).
La causa fue calificada provisoriamente como extracciones ilegales agravadas en concurso real con falsedad ideológica en perjuicio de la administración pública y la fe pública.