11/05/2026
La Fiscalía pidió una pena de un año de cárcel de ejecución condicional contra Ruth Nadal. La defensa alegó se perpetró una violación a los derechos humanos
El juicio contra Ruth Nadal, la docente detenida en mayo de 2025 durante un acto encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo en Simoca, entró en su etapa final. Luego de los alegatos de las partes, el juez de Monteros Marcos Núñez Campero resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, día en que dará a conocer el veredicto.
El auxiliar de fiscal José Adle, de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (a cargo de Marcelo Leguizamón), solicitó una condena de un año de ejecución condicional, además del cumplimiento de una serie de reglas de conducta, por considerar que Nadal cometió el delito de resistencia a la autoridad, en concurso con lesiones leves, en perjuicio de Katerin Johana Según planteó la Fiscalía, Nadal mantuvo una actitud “progresivamente violenta”, alteró el normal desarrollo de la ceremonia y desobedeció las órdenes impartidas por los efectivos. Adle afirmó además que la mujer gritó consignas contra las autoridades, filmó “de forma invasiva” a los policías y trató de acercarse al gobernador, situación que derivó en un forcejeo. Romano, una policía que participó en la aprehensión de la docente. Además, sostuvo que los rasguños sufridos por la agente habían sido producto de la legítima defensa de la directora de escuela.
El hecho se registró en mayo de 2025, cuando Jaldo concurrió a Simoca para encabezar las ceremonias oficiales por el aniversario 69 de la municipalización de esa ciudad.
La Fiscalía también remarcó que los informes médicos coinciden con los testimonios de los policías que participaron del procedimiento. No obstante, consideró como atenuantes la falta de antecedentes penales y las condiciones personales de la imputada.
La defensa, por su parte, manifestó una perspectiva absolutamente opuesta. Núñez Arévalo pidió poner el foco en “una visión convencional y constitucional”. “Desde el comienzo se ve que el MPF insisten prácticamente en la criminalización del disenso político”, afirmó el abogado de Nadal. Mencionó luego diferentes fallos de la Corte Interamericana de Derecho, así como doctrina y jurisprudencia que daban cuenta del “derecho a resistir una orden ilegítima” por parte de su cliente.
El letrado sostuvo que el caso representa “una criminalización del disenso político” y argumentó que su defendida ejerció el derecho a resistir una orden ilegítima. Además, señaló que los rasguños sufridos por la policía fueron consecuencia de una reacción defensiva durante el arresto.
Tras tomar nota de los petitorios de las partes, el juez le cedió la palabra a la agente Romano, quien negó cualquier vínculo político, y aseguró que en aquella jornada sólo cumplió directivas en el marco de sus funciones.
El miércoles, tras las manifestaciones finales de Nadal, el juez Núñez Campero dará su veredicto.
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