06/05/2026
El Ministerio Fiscal presentó un acuerdo de juicio abreviado que incluye prisión efectiva en contra del imputado de 18 años, quien reconoció su autoría en tres hechos delictivos cometidos en esa ciudad
Ayer se desarrolló una audiencia en la que la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad de Monteros, dirigida por Gerardo Salas, presentó un acuerdo de juicio abreviado rubricado junto al imputado Cristian Gastón Olea (18) y su defensa técnica.
El convenio fue expuesto por el auxiliar de fiscal Hugo Campos, quien detalló los tres legajos atribuidos al joven.
El hecho más grave ocurrió el 3 de diciembre de 2025, a las 19:30 horas, en una verdulería de calles 24 de Septiembre y Lucas Córdoba.
Olea ingresó al local y, tras fingir que ofrecía una llave a la venta, sacó una navaja de 20 centímetros para amenazar al empleado.
Bajo la promesa de "matarlo", el delincuente logró sustraer la recaudación de la caja registradora, aunque fue aprehendido por la policía a los pocos metros tras una persecución.
Los otros dos hechos ocurrieron durante el mes de noviembre de 2025. En ambos casos, el imputado empleó el escalamiento para ingresar a propiedades privadas.
El 30 de noviembre saltó una tapia de más de dos metros para entrar a un minimarket, donde causó daños sin lograr llevarse bienes.
Previamente, el 13 de noviembre, bajo la misma modalidad, ingresó a una vivienda de calle Sarmiento al 500, desde donde sustrajo un bolso con documentación personal y la suma de $140.000.
La pena acordada fue de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, al ser hallado penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa, hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa y hurto con escalamiento, todos en concurso real.
Al presentar el acuerdo, la Fiscalía destacó que el imputado reconoció su responsabilidad en cada una de las secuencias delictivas. Por su parte, el juez interviniente resolvió hacer lugar al convenio de manera íntegra, ordenando el inmediato alojamiento del condenado en una unidad del servicio penitenciario provincial.