04/05/2026
La jueza de Ejecución advirtió que estaban cumplidos los parámetros legales, pero impuso fuertes reglas de conducta
En una resolución que marca el fin de las detenciones por uno de los casos más emblemáticos de la historia criminal de Tucumán, el exsecretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, recuperó este lunes la libertad condicional.
La jueza de Ejecución de Sentencia Ana María Iácono, tras varios pedidos anteriores, hizo lugar finalmente al reclamo de la defensa. En sus fundamentos, la magistrada argumentó que el beneficio se otorga por dos motivos: el cumplimiento de los dos tercios de la pena y el estado de salud mental del condenado.
La decisión de la magistrada se sustentó en los últimos informes remitidos por el Servicio Penitenciario y, fundamentalmente, en las pericias de psiquiatras y psicólogos que trataron al exfuncionario. Los profesionales de la salud mental describieron un cuadro de "graves síntomas" en la estabilidad psíquica del condenado, lo que inclinó la balanza judicial a pesar de la férrea resistencia de las partes acusadoras. Para la jueza, este deterioro en la salud mental, sumado al tiempo transcurrido de detención y al cumplimiento de los reglamentos carcelarios -en su caso, desde su hogar-, habilitó el acceso al beneficio previsto en la ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad.
Sin embargo, el otorgamiento del beneficio no estuvo exento de una fuerte oposición. El Ministerio Público Fiscal, representado por Gonzalo García, cuestionó que se envíe un "mensaje disvalioso" a la sociedad, recordando que el delito fue cometido por un servidor público. La fiscalía subrayó que Di Lella nunca mostró arrepentimiento ni una comprensión crítica del daño causado a la familia Lebbos. Además, señalaron que el condenado nunca pasó por un instituto penitenciario, lo que impidió una evaluación real de su evolución bajo un régimen de encierro efectivo.
Para comprender la magnitud de esta medida, es importante recordar el rol de Di Lella en el "caso Lebbos". Como secretario de Seguridad en 2006, fue hallado culpable de coordinar las maniobras de encubrimiento que impidieron conocer la verdad durante años. Su participación consistió, según la sentencia, en avalar el montaje de pistas falsas y la adulteración de instrumentos públicos para desviar las sospechas que recaían sobre los denominados "hijos del poder". Aquella condena de 2019 fue vista como un triunfo contra la impunidad estructural, aunque hoy, el hecho de que Di Lella recupere la libertad sin haber pisado nunca una cárcel, genera un sabor amargo en la familia de Paulina.
La palabra de Alberto Lebbos, presente en la audiencia, volvió a conmover por su firmeza y dolor. El padre de Paulina manifestó que reza por la salud del exsecretario, pero con un objetivo claro: que "recupere la memoria y diga la verdad" sobre quiénes fueron los responsables directos del crimen de su hija. Lebbos adhirió al planteo fiscal, insistiendo en que el encubridor debería haber terminado su condena en prisión, denunciando una vez más el pacto de silencio que ha rodeado la causa durante dos décadas.
Pese a las objeciones, la libertad condicional se hizo efectiva bajo un pliego de condiciones que Di Lella deberá cumplir a rajatabla para no regresar a la detención domiciliaria. La jueza Iácono dispuso la colocación de un dispositivo de monitoreo GPS y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 500 metros de los familiares de Paulina Lebbos. Asimismo, el exfuncionario tiene prohibido el consumo de alcohol y estupefacientes, no puede portar armas y deberá someterse periódicamente al control del Patronato de Internos y Liberados. Quizás la cláusula más relevante, dado el fundamento del fallo, es la obligación de continuar de manera ininterrumpida con su tratamiento psicológico y psiquiátrico. Este nuevo escenario judicial se da a dos días de que se conozca el fallo contra César Soto, único acusado por el crimen, para quien el fiscal Carlos Sale pidió prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía. En el mismo proceso declinó acusar a Sergio Kaleñuk, quien estaba imputado por encubrimiento agravado.
La salida de Di Lella simboliza una sensación de "justicia a medias". Aunque las condenas existieron, el hecho de que los principales responsables del encubrimiento hayan pasado la mayor parte de su pena en sus casas, y que hoy el último de ellos quede libre sin haber revelado datos clave del asesinato, alimenta el sentimiento de impunidad. La causa Lebbos entra así en un terreno de cierre administrativo, pero el reclamo de "Verdad y Justicia" sigue tan vigente como aquel febrero de 2006.
La jueza ordenó que lo dispuesto se efectivice de manera inmediata, por lo que Di Lella ya está en condiciones de salir de su domicilio. Los cinco condenados en el juicio de 2019 ya se encuentran en libertad: Di Lella, el ex subjefe de Policía, Hugo Sánchez, el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, el ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito y el ex policía Waldino Rodríguez. De todos los condenados en los distintos procesos, el único que sigue detenido, aunque con prisión domiciliaria, es el ex fiscal Carlos Albaca.
Finalmente, este fallo reaviva el debate sobre los beneficios carcelarios para exfuncionarios públicos condenados por delitos graves. Mientras la defensa de Di Lella celebra la posibilidad de que su salud mejoré al lado de sus nietos, la querella y gran parte de la opinión pública ven en esta libertad el último capítulo de una cadena de privilegios.