27/04/2026
Dos prófugos, una denuncia familiar y un procedimiento clandestino ponen en jaque a la Justicia santiagueña y bonaerense
La historia que sacude al país comenzó en Monte Quemado, Santiago del Estero, donde una niña de 12 años fue víctima de abuso sexual y quedó embarazada. La denuncia de un familiar permitió abrir una causa, identificar a dos sospechosos —hoy prófugos— y activar la intervención judicial.
El caso dio un giro inesperado cuando la menor y su madre fueron trasladadas a Villa Ballester, Buenos Aires, con apoyo de una ONG porteña que costeó los pasajes. Allí, en la Clínica Santa María, se habría practicado un aborto en un embarazo de ocho meses. La sospecha más grave es que el bebé pudo haber nacido vivo y entregado, lo que derivó en una investigación por trata de personas.
El allanamiento realizado por la Policía Bonaerense reveló un hallazgo macabro: ocho fetos en bolsas de residuos patológicos, lo que abrió otra línea de investigación sobre posibles abortos ilegales. La Justicia federal ordenó pericias de ADN para determinar si alguno corresponde al embarazo de la menor y vincularlo con los abusadores.
Mientras tanto, la madre de la niña declaró no saber si su hija dio a luz o si el procedimiento terminó en aborto. La Fiscalía de Santiago del Estero insiste en que la prueba genética era clave para imputar a los responsables, y ahora la causa se bifurca entre la Justicia provincial y la federal, que investiga la clínica y la ONG involucrada.
El caso expone una cadena de vulneraciones: la falta de protección estatal en el origen, el traslado irregular y la intervención en un centro médico cuestionado. La historia de esta niña se convirtió en símbolo de un sistema que no logra frenar el abuso ni garantizar justicia.
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