19/02/2020
Las nuevas indagatorias a los ocho rugbiers acusados de ser coautores en el crimen de Fernando Báez Sosa (19) se demoraron cuatro horas en comenzar, luego de que su abogado exigiera la presencia del juez de Garantías de la causa, informaron fuentes judiciales
El primero en ser convocado a la indagatoria fue Máximo Thomsen (20), quien tras mantener su entrevista previa con su defensor, Hugo Tomei, solicitó para su "tranquilidad" en el desarrollo de la audiencia, que esté presente en el acto el juez de Garantías de la causa, David Mancinelli.
Por ello, desde la fiscalía se convocó por escrito al magistrado, quien alrededor de las 12 -cuatro horas después del horario pautado por la fiscal para el inicio de las indagatorias-, arribó para poder dar comienzo a las audiencias.
Las fuentes indicaron que se especula con que los otros siete acusados, también exijan la presencia del juez en sus indagatorias.
Los dos primeros rugbiers en presentarse ante Zamboni se negaron a declarar, pero le cuestionaron que no les leyera la acusación en la primera indagatoria. "No sabemos por qué estamos detenidos" dijeron y la acusaron de haberlos engañado al leerle las pruebas en su contra, pero no informarles supuestamente qué delito se les imputaba.
El traslado
Los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, del cual se cumplió este martes un mes, fueron trasladados a la fiscalía de Villa Gesell donde eran indagados por segunda vez con la nueva imputación en la que son considerados “coautores” del homicidio, con el doble agravante de la alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas y las lesiones sufridas por los amigos de la víctima.
Los acusados llegaron minutos después de las 8 a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Villa Gesell, en un colectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que los trasladó desde la Alcaidía de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, donde están detenidos.
El micro tuvo el inconveniente de atascarse en la arena y por ello no pudo ingresar al garage de la fiscalía, por lo que los agentes penitenciarios tuvieron que bajar a cada uno de los imputados e ingresarlos a la sede fiscal caminando, esposados por la espalda y con la cabeza gacha, para evitar que los fotógrafos y las cámaras de TV pudieran tomarles sus rostros.
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