La Justicia avanzó con medidas de coerción en una causa por estafas digitales

Este viernes 5 de diciembre se realizó una audiencia multipropósito en el marco de una causa, tramitada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II.

Durante la audiencia, la UFI dirigida por Diego Hevia y representado por la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal, expuso en detalle los hechos concretos que dieron origen a la investigación, los cuales revelan un modus operandi reiterado vinculado al uso indebido de datos de tarjetas de crédito para la compra de entradas a espectáculos.

Primer hecho

De acuerdo a la investigación fiscal, el 9 de abril de 2024, alrededor de las 13:15 horas, el imputado realizó una operación de compra online a través de la plataforma web de venta de entradas del Teatro Mercedes Sosa, utilizando datos de una tarjeta de crédito que no le pertenecía. 

En esa oportunidad, adquirió cuatro entradas para el espectáculo musical de La Barra, por una suma superior a los 67 mil pesos. 

Al día siguiente, el 10 de abril, cerca de las 16:50 horas, el imputado se presentó personalmente en la boletería del teatro, donde retiró los tickets físicos, firmó el cupón de retiro correspondiente y acreditó su identidad exhibiendo su documento nacional de identidad. 

Tiempo después, el 9 de mayo de 2024, el verdadero titular de la tarjeta desconoció la operación ante la entidad emisora, denunciando que se trataba de una compra no autorizada, lo que derivó en la revocación del pago y generó un perjuicio económico directo a la firma encargada de la comercialización de las entradas.

Segundo hecho

La fiscalía sostuvo que la maniobra volvió a repetirse semanas después. El 25 de mayo de 2024, alrededor de las 23:22 horas, el imputado ingresó nuevamente al sistema de venta online del mismo teatro y, usando otra tarjeta de crédito cuyos datos tampoco le pertenecían, adquirió seis entradas para el espectáculo de LBC y Eugenia Quevedo, por un monto superior a los 114 mil pesos. 

El 28 de mayo, a las 12:32 horas, volvió a presentarse en la boletería del teatro, retiró las entradas, firmó el cupón correspondiente y exhibió nuevamente su DNI para concretar la operación de retiro. 

Finalmente, el 12 de junio de 2024, el titular de la tarjeta desconoció también esa compra, lo que provocó la anulación del pago y ocasionó un nuevo perjuicio patrimonial a la firma comercializadora.

Pedido fiscal y resolución judicial

En función de estos hechos y del riesgo procesal existente, el Ministerio Fiscal solicitó la aplicación de medidas de coerción de menor intensidad por el término de seis meses, con el objetivo de asegurar la sujeción del imputado al proceso y evitar cualquier entorpecimiento de la investigación.

Luego de analizar los argumentos y la prueba incorporada, la jueza actuante resolvió hacer lugar al pedido del MPF, disponiendo la imposición de dichas medidas por el plazo solicitado.