Captadas por las cámaras: Dos mujeres fueron imputadas por estafar en ocho comercios del centro de Tucumán

La investigación está a cargo de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF.

Por pedido de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, este jueves 6 de febrero se llevó adelante una audiencia con el propósito de formular cargos contra dos femeninas, de 23 y de 35 años. En esta oportunidad, el auxiliar de fiscal, Rodrigo Bilbao, les endilgó ser presuntas coautoras del delito de estafa en ocho oportunidades, en concurso real.

Según la acusación, las mujeres realizaban los pagos mediante transferencias bancarias, remitiendo comprobantes falsos de la transacción, causando de esta forma un perjuicio patrimonial a las víctimas que asciende a la suma aproximada de $5.000.000. Entre las evidencias, Bilbao se refirió a la existencia de cámaras de seguridad y de capturas de pantallas (ver fotos) por parte de los negocios ubicados en calles San Martín, 25 de Mayo y Corrientes. Los ilícitos tuvieron lugar los días 19 de julio, 13 de agosto, 25 de agosto, 26 de agosto, 9 de octubre y 17 de octubre de 2024 (en dos de ellos actuaron en dos oportunidades). La instructora Silvina Robles fue la encargada de la confección del legajo. “En uno de los videos, grabado por la cámara de seguridad del local afectado, se observa claramente a las imputadas empujar un coche con un bebé y argumentando que lloraba se hacían las apuradas engañando, de esta manera, a las vendedoras para retirarse rápido del negocio”, comentó Bilbao, quien mencionó que restan las pericias de UFED (para la extracción de datos). 

Medidas para cautelar el proceso por el plazo de seis meses

La Fiscalía pidió medidas de menor intensidad (no privativas) para las acusadas a la espera de un juicio abreviado. Las mismas establecen la promesa de someterse al proceso; no obstaculizar la investigación; la obligación de fijar y mantener domicilio; la prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley; y la obligación de permanecer a disposición del tribunal y concurrir a todas las citaciones que se formulen, por el plazo que dure la investigación penal preparatoria (seis meses). Finalmente, lo requerido fue autorizado por la jueza actuante.