Imputan a un décimo miembro de una asociación ilícita: robaban vehículos y los vendían con documentación falsa

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I formuló cargos contra un nuevo miembro de la organización delictiva y consiguió que se le ordenaran cuatro meses de prisión preventiva. La causa fue declarada como asunto complejo por el elevado número de acusados y víctimas.

Por requerimiento del Ministerio Público Fiscal, este viernes 29 de noviembre se llevó adelante una audiencia con la finalidad de formalizar la investigación, formular cargos y solicitar medidas de coerción en contra de un hombre al que se le atribuyó ser integrante de una banda delictiva que obtenía vehículos robados y los vendían con documentación falsa. 

La causa, que ya fue declarada como asunto complejo, se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, que conduce Diego López Ávila.

Fue el propio fiscal quien en esta ocasión le realizó la acusación a este nuevo imputado, el décimo en el marco de la presente investigación, endilgándole el delito calificado como asociación ilícita en calidad de miembro. “El jefe de la organización, el cual ya fue condenado en otra causa, hasta el día de la fecha se encuentra prófugo con orden de captura y rebeldía. Fueron muchísimos los allanamientos para dar con su paradero y su pareja”, afirmó López Ávila.

A la cárcel

Luego de relatar detalladamente el hecho endilgado (ver aparte) y exhibir las evidencias reunidas para probarlo, el representante del MPF pidió que se imponga la prisión preventiva del nuevo acusado por el plazo de cuatro meses. “La potencial libertad del imputado podría poner seriamente en riesgo la investigación y entorpecerla”, consideró, y añadió: “Estamos ante la posibilidad de que surjan nuevas evidencias que den cuenta de la posible comisión de otros hechos delictivos”.

“Entiendo que tampoco pueden dejar de ponderarse los daños. Tanto los daños ocasionados a las víctimas que han sido desapoderadas de esos vehículos, en muchos casos a través de medios violentos, si no también a aquellas personas que los adquirieron entregando importantes suma de dinero”, argumentó López Ávila, haciendo énfasis en que “en todas estas operaciones resultó fundamental la actividad del acusado, que es quien justamente se encargó de conseguir la documentación en forma paralela con el líder de la organización”.

Por su parte, la defensa técnica demandó que se ordene el arresto domiciliario con colocación de dispositivo electrónico. En su resolución, el juez decidió hacer lugar totalmente a lo solicitado por la Fiscalía y ordenó el traslado del imputado a la unidad penitenciaria.

La teoría del caso

Aproximadamente desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, dentro del territorio de la provincia de Tucumán, varios sujetos, previo acuerdo de voluntades y división de roles asignados, desempeñándose uno de ellos como jefe (el prófugo) y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron con una finalidad delictiva destinada principalmente a conseguir beneficios patrimoniales y económicos mediante la obtención en forma constante de rodados con pleno conocimiento de que habían sido sustraídos a diversas víctimas y estaban denunciados como robados.

Debido a la situación irregular en que se encontraban estos vehículos, los miembros de la asociación los adquirían sin la documentación pertinente o sin efectuar la correspondiente transferencia. Asimismo, modificaban sus características externas, ya sea cambiando su color, quitándole sus chapas patentes o cambiando las mismas por otros dominios. Una vez obtenidos los rodados, utilizaban documentación apócrifa y así procedían a venderlos.

Algunos de los sujetos se encargaban de obtener las motocicletas, efectuando estos desapoderamientos cuando las víctimas estaban conduciendo o cuando habían sido dejadas en estacionamientos. Por su parte, otros imputados se encargaban de recibir motos, con pleno conocimiento de que las mismas provenían de hechos ilícitos. Luego de ello, el líder y el ahora imputado se encargaban de adquirir la documentación adulterada de las motocicletas, siendo que en esos instrumentos se consignaban titulares falsos. Al momento de tener las motocicletas en cuestión y la documentación, la organización vendía las motos mediante engaños a compradores de buena fe.