Estafa: Formularon cargos a una mujer por defraudación con tarjeta de crédito

La jueza dispuso medidas de coerción de menor intensidad por dos meses. 

La Unidad Especializada en Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal acusó a una femenina, de 24 años, por el delito de defraudación mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos por los hechos ocurridos los días 16, 19 y 23 de abril del corriente año (ver aparte), en calidad de autora. 

Ante la oposición de la defensa a la formulación de cargos, el fiscal Mariano Fernández fue contundente: "Si ella cobra teóricamente una pensión (por discapacidad -según lo expresado por la imputada en la audiencia-) y hace todas estas compras, sabe el monto de su posibilidad de compra, sin embargo, vuelve y vuelve. 

En el caso de la primera compra, eligieron el teléfono (estaba acompañada por un cómplice), después que pasaron la tarjeta y que la aprueban, mágicamente se dieron cuenta que el celular era caro. En realidad, lo que estaban haciendo era ver si la tarjeta que ellos tenían podía pasar o no. Y para que no la vinculen con la otra persona (que supuestamente sería su hermano), anularon la compra y se fueron.

 Pero volvió los días posteriores. No es que tengan una conciencia crediticia, lo que querían probar es que si esta tarjeta adulterada con datos electrónicos pasaba o no”. 

A continuación, el representante del MPF pidió la prisión preventiva, por dos meses, atento a los riesgos procesales (se busca dar con el paradero de un cómplice): “En libertad podría ponerse en contacto con este supuesto hermano (que sería su cómplice) y de ese modo entorpecer y frustrar la investigación porque estas cuestiones electrónicas son novedosas y difíciles de llevar adelante en poco tiempo. Tenemos el teléfono secuestrado que podría vincularla con otras personas.

Sostenemos que, en libertad podría interferir y frustrar la investigación. Nos falta el informe del banco y el análisis de las cámaras de seguridad (y de sus alrededores) para ver en qué y con quién se movilizaba, junto con el informe de posnet (para saber las transacciones) como así también la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División de Cibercrimen para conocer cómo adulteraron los datos de la tarjeta”.

Finalmente, la jueza actuante no hizo lugar al requerimiento instado por el MPF y dispuso el cese de la aprehensión de la mujer, previa constitución de una caución por la suma de $150.000. Y como medidas de coerción de menor intensidad, por dos meses, ordenó: la obligación de fijar y mantener el domicilio en Cruz Alta; la obligación de presentarse dos veces a la semana (días lunes y viernes ante la comisaría de la jurisdiccional) y la prohibición de acercamiento tanto al domicilio de la víctima como del local comercial afectado, en un radio no menor a 200 metros. 

Daños por una suma cercana a $2.000.000

El martes 16 de abril del corriente año, a las 10:40 horas aproximadamente, la imputada ingresó al local comercial ubicado en avenida Brígido Terán al 100 de esta ciudad capital.

En esas circunstancias, conociendo que tenía una tarjeta de crédito adulterada a su nombre y con la intención de generar una ganancia indebida y causar un perjuicio económico, compró un teléfono celular por el monto de $446.600.

Ese mismo día, minutos más tarde se presentó nuevamente en el negocio y realizó la compra de otro dispositivo valuado en $441.000 (utilizando nuevamente para el pago esa misma tarjeta).

El viernes 19, a las 16:30 horas, la acusada se presentó y compró dos teléfonos celulares por el importe de $444.600 cada uno. En estos tres casos, después de realizar las operaciones, se retiró con los dispositivos.

Por último, este martes 23, a las 13:30 horas aproximadamente, la encartada se presentó en el mismo local comercial y realizó una nueva compra por la suma de $600.000 utilizando la misma tarjeta de crédito anteriormente mencionada.

Sin embargo, estando advertido el propietario del negocio que sus compras no estaban siendo abonadas fue que llamó al personal del 911 para luego ser aprehendida y sin poder llevarse el teléfono celular que había comprado.

Como consecuencia de su conducta, le generó al dueño del negocio un perjuicio económico de $1.776.800.