Las fuerzas de seguridad podrán utilizar armas de fuego para prevenir fugas en delitos peligrosos

Patricia Bullrich relanzará hoy, durante la tarde, el protocolo de uso de armas de fuego para fuerzas de seguridad federales que había instalado en su gestión anterior como ministra de Seguridad, y que había sido derogado por Sabina Frederic al poco tiempo de asumir en el cargo en diciembre de 2019, durante la administración de Alberto Fernández.

La medida, conocida internamente como “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, fue dictada bajo la resolución ministerial 956/2018. Según la norma, las fuerzas federales tendrán mayor libertad para disparar sus armas en casos de delitos graves y persecuciones.

En su derogación, Frederic afirmó que “dicha norma amplía de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, alejándose de las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley establecido por las Naciones Unidas”.

Frederic aseguró, también con base en tratados internacionales, que “cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben actuar en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana”.

“Autorizar la utilización del armamento letal ante el mero acaecimiento de una fuga, o de resistencia a una detención si quien lo hace no encuadra en una situación estricta de “peligro inminente” de ocasionar la muerte, o, en su caso, lesiones graves de terceras personas o del personal de las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes, así como habilitar su uso contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas”, aseguró la exministra en la resolución firmada para derogar la decisión original de Bullrich.

El protocolo del Ministerio, desde ya, aplica de manera interna y no influye en las decisiones que pueda tomar la Justicia sobre efectivos acusados de los delitos de homicidios y lesiones graves.