22/06/2022
El dueño, que se dedica a la comercialización, las tenías guardadas en la casa de su madre. La mujer estaba al cuidado de una de las imputadas, que aprovechó la situación para sustraerlas con la ayuda de sus familiares
El Ministerio Público Fiscal dejó por formalizada la investigación, formuló cargos y pidió medidas de coerción en contra de tres personas a las que acusó por haberle robado 900 baterías en desuso de autos y camiones, a un hombre que se dedica a la venta y colocación de esos repuestos. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, dirigida por Diego López Ávila.
Los imputados son un hombre (35), su pareja (31) y la mamá de la mujer, es decir, su suegra (47). Esta última trabajaba cuidando a la madre de la víctima, en la casa que ésta tiene en Crisóstomo Álvarez al 3.400. Su hijo, el comerciante, había dejado allí las baterías. Al regresar de sus vacaciones, en enero de este año, se enteró de que se las habían sustraído.
En la denuncia que realizó, el damnificado presentó capturas de pantalla de la conversación que tuvo con la señora que cuidaba a su madre, quien reconoció haber robado las baterías y ofreció una devolución. Además, se incorporó el testimonio de una vecina que contó que vio movimientos en el domicilio de la víctima, observando en reiteradas oportunidades a un señor que trasladaba cosas en una moto.
Luego de que haya fracasado un proceso de conciliación entre las partes, el caso llegó a la Fiscalía a mediados de abril y el 2 de mayo se firmó el decreto de apertura de la investigación. El auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, relató el hecho endilgado y enumeró las evidencias recolectadas hasta ahora para probarlo.
Acto seguido, teniendo en cuenta la importancia del daño a resarcir (casi un millón y medio de pesos, según presupuesto de marzo) solicitó medidas de coerción de menor intensidad por el término de seis meses, entre ellas: promesa de someterse a procedimiento, obligación de permanecer a disposición del tribunal, prohibición de salir del territorio provincial, y restricción de acercamiento no menor a 500 metros a las víctimas y sus domicilios. La jueza actuante aceptó todo lo requerido por el MPF.
El caso
Entre el 1 de enero y el 19 de enero del 2022, aprovechando que una de las imputadas trabajaba cuidando a la madre de la víctima, en una casa ubicada en Crisóstomo Álvarez al 3400, de manera continuada sustrajeron de esa vivienda un total de 900 baterías de autos y camiones en desuso, para luego uno de los acusados trasladarlas a un lugar desconocido para su posterior comercialización.
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