17/11/2026
El hecho ocurrió en mayo, durante una discusión de tránsito en calle San Juan al 600. El acusado reconoció su responsabilidad y llegó a un acuerdo de juicio abreviado
La Justicia tucumana condenó a tres años de prisión de ejecución condicional al hombre que baleó a un ciclista en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán. Además, deberá pagar una reparación económica de $18 millones a la víctima.
El condenado fue identificado como Gustavo José Luis Orce, de 50 años, quien reconoció su responsabilidad en el ataque contra Cristian Emanuel Palacios, de 43. La causa se resolvió mediante un juicio abreviado, con el consentimiento de la querella.
La pena es de cumplimiento condicional, por lo que no irá a prisión mientras respete las reglas de conducta establecidas por la Justicia.
El ataque se produjo el 21 de mayo, cerca de las 13.40, sobre calle San Juan al 600. Según la investigación, el conflicto comenzó cuando se habría producido un roce entre la bicicleta de Palacios y el espejo retrovisor del automóvil que conducía Orce.
La discusión fue escalando hasta que el automovilista efectuó un disparo que impactó en el hombro izquierdo del ciclista. La lesión no comprometió órganos ni vasos sanguíneos vitales y requirió menos de un mes de recuperación.
Tras el episodio, el conductor intentó continuar su marcha, pero fue interceptado por efectivos policiales a pocos metros del lugar.
El acuerdo judicial establece que Orce deberá pagar $18 millones a Palacios: $10 millones en un primer pago y los $8 millones restantes en cuatro cuotas mensuales de $2 millones.
También deberá cumplir una serie de restricciones, entre ellas mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de la víctima y su domicilio, fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados.
Además, tendrá prohibido tener o portar armas y deberá abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol.
Para reconstruir lo sucedido, la fiscalía reunió testimonios, registros de cámaras de seguridad, documentación policial, historias clínicas y estudios de dermotest.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Criminal I, conducida por Mariano Fernández. Finalmente, el reconocimiento de responsabilidad del acusado permitió avanzar con el acuerdo abreviado y establecer la condena.