22/09/2026
Esta decisión, respaldada por el Reino Unido, permitirá que las empresas que ya poseen permisos continúen con sus labores de exploración y explotación petrolera durante el nuevo período
La administración británica de las Islas Malvinas ha decidido prorrogar por cinco años las licencias actuales para actividades petroleras en alta mar, en un contexto de creciente conflicto con Argentina respecto a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Esta decisión, respaldada por el Reino Unido, permitirá que las empresas que ya poseen permisos continúen con sus labores de exploración y explotación petrolera durante el nuevo período.
Además, existe la posibilidad de que las licencias se extiendan por otros dos años si las compañías cumplen con los programas de trabajo requeridos.
Cheryl Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa de las islas, señaló: "Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar."
Roberts es responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales en la administración británica de las islas.
La noticia se produce en un momento en que el Gobierno argentino está intensificando sus acciones contra las empresas que operan en la región sin la debida autorización nacional, considerando ilegales las licencias otorgadas por las autoridades británicas.
Uno de los proyectos más relevantes en este contexto es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a aproximadamente 220 kilómetros del archipiélago. Este proyecto está liderado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Navitas posee un 65% de participación en el proyecto, mientras que Rockhopper controla el 35% restante. Se prevé que la extracción de petróleo comience en marzo de 2028.
En un desarrollo paralelo, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ha ordenado a Navitas y Rockhopper que se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.
Esta decisión fue tomada a raíz de una presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
La disputa por la explotación petrolera en Malvinas
Además de Navitas y Rockhopper, las compañías británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto con la canadiense JHI, también tienen permisos exploratorios en la zona. La administración isleña ha autorizado que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del bloque PL001, que está situado junto a Sea Lion, a partir de un acuerdo firmado en febrero con JHI Associates.
Según un comunicado de las islas, se espera que esta operación permita "acelerar la evaluación y el desarrollo" de dicho bloque.
Argentina sostiene que las licencias otorgadas por la administración británica son ilegales y que cualquier actividad relacionada con la explotación de hidrocarburos en el área requiere autorización argentina.
Por su parte, el Reino Unido rechaza esta posición, afirmando que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que operan en las islas y defendiendo el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar sus recursos naturales.
Argentina, en su defensa, invoca la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales que alteren la situación mientras se busca una solución sobre la soberanía.