Estados Unidos: un niño de 5 años falleció asfixiado en el interior de un vehículo mientras su familia celebraba un bautismo

Una fiesta familiar en la ciudad de Peoria, Arizona, concluyó de manera desastrosa. Theo Sabo, un niño de cinco años, murió después de estar más de dos horas y media encerrado en un coche estacionado frente a su casa con una temperatura ambiente que sobrepasó los 40 °C (106 °F).

El acontecimiento sucedió el 13 de septiembre. Cerca de 50 personas llegaron a la celebración tras la ceremonia. Cuando alguien preguntó dónde se encontraba Theo, los adultos notaron que el niño no estaba presente. Entonces lo buscaron en el coche y lo hallaron descompensado.

La familia llevó al niño a una clínica, en la cual falleció. El caso desató una pesquisa judicial acerca de las responsabilidades parentales y las condiciones que llevaron al niño a permanecer dentro del automóvil.

En los interrogatorios, surgieron discrepancias entre las versiones de los miembros de la familia. El padre aseguró a los detectives que le había solicitado de manera directa a su hijo, que tenía 14 años, que sacara a Theo del coche cuando llegaron a la propiedad. El adolescente, no obstante, contradijo de manera contundente la afirmación de su padre, afirmando que nunca había recibido tal indicación.

La madre del menor, en las audiencias judiciales que tuvieron lugar de forma separada en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, se echó a llorar sin consuelo y pidió al juez que le dejara ver a sus otros cuatro hijos, quienes tienen 18, 15, 14 y 9 años. Leah Dodd, la abogada defensora, afirmó que los padres actuaron de buena fe y colaboraron siempre con las autoridades. Ella argumentó que la muerte es consecuencia de una "tragedia inimaginable" causada por un malentendido en el contexto de una reunión concurrida.

La fiscal Brooke Gaunt, por su parte, destacó la gravedad de la negligencia al enfatizar que el niño estuvo desatendido en circunstancias extremas mientras los adultos se quedaban en la casa. El tribunal estableció una fianza de 150.000 dólares para cada uno de los padres, limitó la comunicación entre ellos e impidió que se comunicaran con sus hijos a no ser que fueran supervisados por el Estado; la próxima cita judicial fue programada para el 21 de septiembre.