27/08/2026
Se llevó a cabo el operativo en diversas áreas de La Lima y San Pedro Sula con el fin de retirar los aparatos de videovigilancia que se habían colocado
En una operación de la Policía Militar de Orden Público, se quitaron más de 45 cámaras de videovigilancia en varias áreas de San Pedro Sula y La Lima, ubicadas en el departamento de Cortés.
De acuerdo con las autoridades, los dispositivos fueron instalados ilegalmente y están asociados con estructuras criminales que los empleaban para monitorear movimientos en áreas específicas.
Las cámaras se colocaron sobre todo en postes estatales, y según los estudios mencionados por las autoridades, facilitaban que organizaciones criminales vigilaran el movimiento de los agentes militares y policiales.
El plan original para la primera fase del despliegue era desactivar aproximadamente 45 dispositivos, pero al final el operativo se extendió y más de cien cámaras fueron retiradas.
El coronel Elvin Cerrato, al mando del Noveno Batallón de la PMOP, aclaró que los dispositivos eran usados por bandas criminales para rastrear los movimientos de las autoridades.
El líder militar indicó que las cámaras posibilitaban monitorear diversas áreas y notificar a los miembros de las estructuras cuando se percibía la presencia de unidades de seguridad. “Le estamos quitando ahorita los ojos a estas estructuras criminales”, dijo Cerrato mientras se realizaban las acciones.
Según las autoridades, los datos recolectados a través de estos sistemas podían emplearse para planificar acciones delictivas y para responder a las operaciones que las fuerzas de seguridad llevaban a cabo.
Un aspecto que las autoridades señalaron es que los equipos estaban instalados no solo en propiedades privadas, sino también en postes públicos.
La instalación de estos dispositivos habría posibilitado a los grupos que los utilizaban adquirir una posición estratégica para vigilar calles y áreas que consideraban relevantes para sus actividades.
La PMOP afirma que la instalación de estos sistemas no tenía permiso y que se vinculaba con organizaciones delictivas. Por lo tanto, como parte del operativo, las unidades buscaron, desactivaron y quitaron los equipos.
La calle 27 de San Pedro Sula fue uno de los primeros lugares donde se realizó la operación, un área en la cual las unidades militares comenzaron a intervenir para detectar los dispositivos.
Después, las acciones se trasladaron a Rivera Hernández, uno de los sectores que formaba parte del despliegue, y siguieron hasta alcanzar La Lima.
La operación fue llevada a cabo con la ayuda de unidades de inteligencia militar, las cuales habrían localizado con anterioridad los lugares donde estaban ubicadas las cámaras.
La información que esas unidades recopilaron posibilitó dirigir el despliegue a varios sectores y decidir qué dispositivos debían ser retirados.
Según las autoridades, el descubrimiento demuestra que las organizaciones criminales también emplean instrumentos tecnológicos para potenciar su facultad de vigilancia.
Las cámaras tienen la capacidad de brindar datos acerca del tránsito de vehículos, personas y unidades de seguridad, lo cual posibilita identificar variaciones en los patrones de movimiento en una determinada área.
En este caso, la PMOP afirma que los dispositivos se empleaban concretamente para vigilar a las fuerzas de seguridad y emitir alertas cuando se acercaban operativos.
El objetivo de retirar estos equipos es disminuir esa capacidad de prever y hacer más difícil que las organizaciones delictivas tengan conocimiento anticipado sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad.
La labor no se restringe a la eliminación física de los aparatos. Las autoridades también intentan averiguar quiénes los instalaron, quiénes tenían acceso a la información recogida y con qué propósito se utilizaba el sistema de vigilancia.
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