Después de la crisis de Ceuta, España cambiará las leyes sobre asilo

Con el objetivo de implementar un sistema de protección más ágil, eficiente y organizado respecto a derechos, España dio su aprobación este martes a los anteproyectos de reforma de las leyes de asilo y extranjería. Esta medida fue tomada después de la crisis migratoria que tuvo lugar en julio, cuando entraron entre 70.000 y 80.000 individuos a Ceuta.

Se incluye, entre otras cosas, el triaje, que es el procedimiento de reunir información sobre los migrantes que ingresan a España sin pasar por los controles fronterizos. Este proceso tendrá una duración de 72 horas, ampliables por orden judicial.

Según el sitio DW, la ley diferenciará entre el procedimiento acelerado de examen y el procedimiento ordinario para las peticiones de protección internacional. El primero debe ser resuelto en tres meses.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en una conferencia de prensa este martes que el propósito del gobierno español es adaptar la ley al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024.

Dentro de las modificaciones divulgadas, se actualizan y detallan los conceptos de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. Además, se incluyen explícitamente situaciones como la persecución vinculada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

El anteproyecto de la nueva ley de asilo, según el Ministerio del Interior español en un comunicado, se ha desarrollado con una visión garantista y respetuosa con los derechos humanos de los migrantes. Esta perspectiva se combina, además, con la gestión pertinente de las fronteras para asegurar la seguridad del país.

Su meta principal es establecer un sistema más eficiente y dinámico para dar una mejor respuesta al incremento de peticiones -de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025- sin disminuir las garantías de los solicitantes y beneficiarios.

El anteproyecto de ley de extranjería incluye el procedimiento fronterizo de retorno contemplado en el PEMA, que tiene como finalidad acelerar el regreso de aquellos individuos extranjeros que entran al país de manera irregular y no tienen derecho a protección internacional. Este proceso debe llevarse a cabo en un período máximo de doce semanas, con la misma eficacia que garantías.

La reforma establece un derecho de permanencia en el país para los solicitantes de protección internacional, pero este no les confiere el derecho a recibir una autorización de residencia si cometen alguna infracción jurídica que pueda llevar a la negación de entrada o a una orden de devolución.

Si el Gobierno español niega la petición de protección internacional, el solicitante será informado y también se le prohibirá la entrada al país, lo que implica que tiene que irse.