18/08/2026
La declaración coincide con lo que el mismo Rubio había anticipado en julio, cuando prometió una campaña más dura para desmantelar la corte
Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y Abdoulaye Seye, que actualmente reemplaza al fiscal de dicha corte, fueron sancionados por Estados Unidos este martes. Esto representa un avance más en la campaña del Gobierno del presidente Donald Trump para desmantelar el tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una declaración: "Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción" de dicho tribunal.
El sitio DW reportó que el anuncio está en consonancia con lo que Rubio había anticipado en julio: prometió intensificar la campaña para desmantelar la corte.
"La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía", agregó Rubio.
Washington aplicó sanciones a varios fiscales y jueces de la CPI, entre las que se incluyen la prohibición de viajar a EE.UU. y el congelamiento de bienes en dicho país. Esto tuvo lugar principalmente por sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados principales.
En calidad de presidenta de la Corte Penal Internacional, Akane tiene sobre todo responsabilidades institucionales y de representación. Por su parte, Seye parece haber supervisado investigaciones relacionadas con el financiamiento de colonias israelitas en Cisjordania o la provisión de armamento a los colonos, un tema especialmente delicado para Washington.
El Gobierno de Trump, al igual que el de EE.UU., no acepta la autoridad de la corte para juzgar a sus ciudadanos porque nunca ha ratificado el Estatuto de Roma.
La CPI respondió en un comunicado diciendo que esas sanciones "debilitan el Estado de derecho".
El tribunal con sede en La Haya indicó que "Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo". El tribunal también desestimó las presiones y garantizó que seguirá cumpliendo con sus funciones "de manera imparcial e independiente" y conforme al Estatuto de Roma, el tratado fundacional del mismo.
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