En Brasil se promulgó una ley para combatir contra el abuso y la explotación sexual de menores en línea a través de inteligencia artificial

Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, promulgó una nueva ley que establece un conjunto de medidas para combatir y sancionar la violencia sexual contra menores de edad, poniendo particular atención en los delitos perpetrados en internet y los que se llevan a cabo con herramientas de inteligencia artificial (IA).

La ley actualiza el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) y tipifica como delito, explícitamente, la simulación de la participación de un menor en contenidos sexuales a través de montaje, adulteración o "deepfake", aún si estos materiales son producidos por inteligencia artificial. La penalización se extiende desde el acceso o la visualización del material hasta el creador, el administrador o cualquier persona que gestione, albergue o modere un foro, chat o sitio web dedicado a ese tipo de contenido.

También, el concepto de material de violencia sexual se expande para abarcar cualquier contenido ficticio o real que sea producido por la inteligencia artificial y que contenga situaciones con connotación sexual, incluso si no hay exposición de los órganos genitales. La ley hace más rigurosos los trámites judiciales vinculados con estos crímenes: las penas aumentan y se reclasifican como delitos graves.

El empleo de herramientas que obstaculizan la identificación del autor en Internet, tales como programas proxy que encubren las direcciones IP, está entre los comportamientos perseguidos. Con el fin de hacer más fácil la investigación, los oficiales policiales tienen permiso para efectuar patrullas virtuales de seguridad electrónica con el propósito de recolectar archivos que estén disponibles en espacios digitales públicos —foros, canales y redes sociales— sin comprometer la cadena de custodia probatoria que la ley establece.

La ley también establece acciones de protección y reparación para las víctimas: se asegura a los niños, las niñas y las víctimas adolescentes o testigos que recibirán atención psicosocial y psicológica especializada y continua, con la finalidad de disminuir la revictimización que se produce por la difusión del material en el ámbito digital.

Como parte de un esfuerzo por cubrir los costos de atención, los infractores y las redes de explotación sexual de menores estarán obligados a pagar la totalidad del tratamiento de la víctima, reembolsando al Sistema Único de Salud por los servicios que se hayan brindado.

En resumen, la legislación brasileña reciente intenta adecuarse a los retos tecnológicos contemporáneos, fusionando el endurecimiento de las sanciones, instrumentos de investigación digital y acciones de reparación y protección para las víctimas, especialmente en lo que respecta al uso de inteligencia artificial para crear y difundir contenido sexual que incluya a menores.