30/06/2026
Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio dejaron un panorama de destrucción sin precedentes en el estado de La Guaira, la zona más golpeada por el movimiento telúrico
De acuerdo con estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en ese distrito se acumularon alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros, un volumen que condiciona tanto las tareas de rescate como la futura reconstrucción urbana.
Según informó el organismo internacional, la remoción de los restos se volvió una prioridad para restablecer los accesos viales, reactivar la economía local y permitir que las familias, hoy desplazadas o viviendo en albergues temporales, puedan volver a sus hogares o a nuevas viviendas seguras. Sin esa limpieza inicial, cualquier plan de recuperación queda seriamente limitado.
El cálculo de los daños fue realizado mediante RAPIDA, una plataforma que integra imágenes satelitales, herramientas de inteligencia artificial y datos de ingeniería civil. Esta tecnología permite medir, en pocas horas, el nivel de destrucción provocado por catástrofes naturales y orientar la asignación de recursos de emergencia.
Mapeo del desastre y tareas de rescate
El informe preliminar del PNUD detalla que unas 915.000 toneladas de escombros corresponden a edificios dañados o totalmente colapsados, mientras que cerca de 332.000 toneladas derivan de la destrucción de muebles, pertenencias personales y equipamiento urbano. La magnitud del impacto obliga a desplegar operativos de gran escala y a coordinar múltiples agencias estatales y humanitarias.
El mapeo identificó a Catia La Mar, Caraballeda y Urimare como las áreas de atención prioritaria, tanto por el nivel de destrucción como por la densidad de escombros acumulados. Allí se concentran buena parte de los esfuerzos de los rescatistas, que trabajan contrarreloj entre estructuras inestables y con el temor a nuevos derrumbes.
Catia La Mar, con numerosos edificios residenciales colapsados, se transformó en símbolo del dolor y la incertidumbre de los familiares de las víctimas.
Caraballeda y Urimare también presentan graves daños en infraestructura, servicios básicos interrumpidos y barrios enteros parcialmente inhabitables.
La tragedia humanitaria se refleja en las cifras oficiales difundidas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez: al menos 1.719 personas murieron y 5.034 resultaron heridas. Además, se registran 15.866 familias damnificadas y 855 edificios afectados o destruidos, lo que anticipa un largo proceso de reconstrucción social y económica.
Historias de búsqueda y dolor entre los escombros
Más allá de los datos, el drama se vuelve palpable en los relatos de quienes esperan noticias de sus seres queridos. En Catia La Mar, Francisco Marrero permanece desde hace días frente al edificio Albacora, donde vivían sus hijas, Daniela Cristaldi, de 27 años, y Francheska Marrero, de 20, ambas desaparecidas desde el momento del sismo.
“Por favor, le digo a todos los organismos de rescate que me ayuden a sacar a mis hijas de ahí”, imploró Marrero ante la prensa, y contó que lleva más de cien horas sin dormir mientras aguarda avances en las tareas de búsqueda.
En la zona afectada trabajan 3.319 rescatistas internacionales, apoyados por 140 perros de rastreo y decenas de vehículos especializados. Sin embargo, familiares y vecinos denuncian demoras y aseguran que los operativos avanzan con lentitud en algunas de las estructuras colapsadas, donde todavía se escuchan ruidos bajo los escombros.
El PNUD aclaró que las cifras de destrucción tienen carácter preliminar y podrán revisarse a medida que se completen las auditorías técnicas sobre el terreno. En paralelo, las autoridades nacionales y regionales analizan la puesta en marcha de programas de reciclaje de materiales y de empleo temporal, con el objetivo de que la propia comunidad participe en las tareas de limpieza y reconstrucción y encuentre, al mismo tiempo, una fuente de ingresos en medio de la emergencia.
Mientras tanto, Venezuela enfrenta el desafío de atender la urgencia humanitaria, garantizar alojamiento, agua potable y atención médica básica, y comenzar a diseñar un plan de reconstrucción a largo plazo que reduzca la vulnerabilidad de las zonas costeras ante futuros eventos sísmicos.
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