27/05/2026
El presidente boliviano tiene todo listo para promulgar la reforma que le permite convocar a las Fuerzas Armadas una vez dictado el estado de excepción. Siguen las manifestaciones que exigen su renuncia
En medio de la crisis política y social que envuelve a Bolivia, con disturbios y bloqueos de rutas hace más de tres semanas, el Congreso autorizó al presidente Rodrigo Paz Pereira a desplegar las Fuerzas Armadas. Además, le otorgó la facultad de declarar el estado de emergencia.
La medida fue aprobada este martes por la Cámara de Diputados, donde se abrogó la Ley 1341 que regula los Estados de excepción. Ahora, pasó al poder Ejecutivo para ser promulgada.
La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”. Ahora, esta se abrogó para hacer frente al conflicto social.
Bolivia en crisis: Rodrigo Paz podrá desplegar a las Fuerzas Armadas por la crisis
La sesión, que duró más de cinco horas, se realizó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.
Esta se dio como respuesta a la ola de manifestaciones y cortes de rutas impulsadas por sindicatos campesinos que Bolivia vive desde hace tres semanas. Los sectores que reclaman son afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tiene el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.
El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.
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