03/01/2026
Trump señaló que la acción militar fue en el corazón de Caracas y se hizo para traer a este dictador venezolano a la justicia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo hoy en conferencia de prensa que ellos administrarán Venezuela hasta que se pueda lograr una transición legal y segura, ponderando la efectividad de una operación quirúrgica que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.
Trump señaló que la acción militar fue en el corazón de Caracas y se hizo para traer a este dictador venezolano a la justicia. Fue una de las operaciones más exitosas en la historia de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.
El mandatario norteamericano señaló que toda la capacidad militar de Venezuela se dejó sin efecto. Apuntó que en coordinación con fuerzas del orden lograron capturar a Maduro, en medio de la oscuridad. Ellos sabían que veníamos y estaban listos, pero ningún soldado estadounidense fue herido o dado de baja, como tampoco se perdió ningún equipo militar de Estados Unidos. Somos la fuerza militar más temida del mundo, agregó Trump.
Reiteró que, «nosotros vamos a administrar ese país hasta que se logre una transición segura y legal en Venezuela. No podemos correr el riesgo de que alguien más se quiera quedar con Venezuela en perjuicio de la población venezolana.
EE. UU. acusa a Nicolás Maduro de liderar por décadas una red de narcotráfico y narco-terrorismo
El indictment del Gran Jurado en Nueva York, documento al que tuvo acceso La Verdad Panamá, coloca a Nicolás Maduro Moros en el centro de una estructura de narcotráfico y narco-terrorismo que, según fiscales federales, habría operado durante más de dos décadas utilizando el aparato del Estado venezolano para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
La acusación formal, presentada ante el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York como una acusación sustitutiva confidencial, describe una organización criminal de gran escala que habría funcionado desde finales de los años noventa, infiltrando instituciones civiles, militares y diplomáticas de Venezuela para facilitar el envío sistemático de drogas y el movimiento de grandes sumas de dinero en efectivo producto del narcotráfico.
Según el documento, Maduro habría utilizado cada uno de los cargos que ocupó como diputado, canciller, vicepresidente y presidente, para brindar protección política, policial y militar a operaciones de narcotráfico, incluyendo la aprobación de rutas aéreas y marítimas, el uso de aeronaves bajo cobertura diplomática y la entrega de pasaportes oficiales a narcotraficantes para garantizar su movilidad internacional.
El Estado como plataforma criminal
El Gran Jurado sostiene que el régimen venezolano convirtió al Estado en una plataforma logística del narcotráfico, garantizando impunidad a cambio de sobornos millonarios pagados en efectivo. Parte central de la acusación es el uso de instituciones oficiales, fuerzas de seguridad y recursos públicos para proteger cargamentos de droga y repatriar ganancias ilícitas.
Entre los mecanismos descritos figura el uso de aeronaves privadas con estatus diplomático para trasladar dinero del narcotráfico desde México hacia Venezuela, sin inspecciones, así como la coordinación directa con embajadas venezolanas para simular misiones oficiales mientras se cargaban aeronaves con efectivo proveniente de la venta de cocaína.
Las acusaciones incluyen además el uso de aeropuertos internacionales, puertos marítimos y pistas clandestinas, custodiadas por efectivos militares y policiales, así como el traslado de ganancias ilícitas bajo apariencia diplomática.
Los fiscales afirman que estas operaciones permitieron el movimiento de miles de toneladas de cocaína, fortaleciendo a organizaciones criminales y grupos catalogados como narco-terroristas, mientras se consolidaba el poder político y económico de la cúpula gobernante venezolana.
Familia presidencial implicada
El indictment señala directamente a Cilia Adela Flores de Maduro, acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar protección estatal a vuelos cargados con cocaína y facilitar contactos con altos funcionarios de organismos antidrogas venezolanos.
Asimismo, figura Nicolás Ernesto Maduro Guerra (“Nicolasito”), a quien se atribuye participación en operaciones logísticas vinculadas al uso de aeronaves de la estatal PDVSA, algunas de las cuales habrían sido cargadas con grandes paquetes envueltos en cinta, presuntamente con drogas, antes de abandonar territorio venezolano.
El documento judicial indica que miembros del entorno familiar presidencial no solo habrían tenido conocimiento de las operaciones, sino que se habrían beneficiado directamente de los ingresos generados por el narcotráfico.
La cúpula del régimen bajo acusación
La acusación incluye a Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y una de las figuras más poderosas del chavismo, señalado de recibir pagos millonarios para garantizar la protección de cargamentos de cocaína y asegurar que funcionarios involucrados en las operaciones no fueran investigados ni arrestados.
También figuran Ramón Rodríguez Chacín y otros altos funcionarios y mandos militares, acusados de colaborar con organizaciones como las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, facilitando campamentos, rutas de tránsito, protección armada y entrenamiento para asegurar el traslado de drogas hacia México, Centroamérica y Estados Unidos.
Rutas, toneladas e incautaciones
El expediente judicial detalla múltiples operaciones que incluyeron envíos de cinco a seis toneladas de cocaína por contenedor, cargamentos marítimos de hasta 20 toneladas, vuelos con más de 5,5 toneladas y operaciones aéreas y terrestres custodiadas por militares venezolanos.
Entre los hechos descritos figuran incautaciones de gran escala en México y Francia, incluyendo un cargamento de 1,3 toneladas de cocaína decomisado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, así como el envío frustrado de más de 5,5 toneladas en un avión DC-9 interceptado en territorio mexicano.
El indictment señala que, tras algunas incautaciones, se realizaron reuniones de alto nivel para modificar rutas, cambiar aeropuertos y ordenar arrestos selectivos de funcionarios subalternos con el fin de desviar la atención pública y proteger a los principales responsables de la red.
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